La inversión pública juega un rol clave en la competitividad nacional al influir en la capacidad para atraer inversiones y talento. Sin embargo, el presupuesto para la inversión en 2024 ha sufrido una disminución significativa del 11.1% en términos reales con respecto al año previo, y un marcado descenso del 38.6% en comparación con los montos ejercidos en 2016, todo a precios de 2024.
Un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) arroja los datos sobre el impacto que los recortes presupuestales podrían tener en el fenómeno del nearshoring, un aspecto vital para el crecimiento económico del país.
El IMCO evaluó el gasto de inversión aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 (PEF) para el próximo año fiscal. El recorte en este rubro podría significar una reducción en la atracción de empresas que buscan trasladar sus operaciones a México desde el extranjero, justo en un momento donde la tendencia global apunta hacia la relocalización de las cadenas de valor.
Sin embargo, a pesar de la importancia de la infraestructura pública para atraer y retener inversiones en el marco del nearshoring, los recursos presupuestarios destinados a este fin en 2024 son limitados. La inversión aprobada, equivalente al 3.2% del PIB estimado para ese año, difícilmente será suficiente para revertir la tendencia a la baja en la inversión pública en activos fijos desde 2008.
Reducciones en el PEF
Los recortes adquieren un carácter crítico al coincidir con la tendencia global de relocalización de las cadenas de valor, conocido como nearshoring, y la necesidad apremiante de fortalecer la infraestructura pública en áreas vitales como conectividad, electricidad y suministro de agua. Sorprendentemente, incluso estas áreas vitales muestran ajustes a la baja en comparación con el presupuesto de 2023, con una disminución del 18.0% en el suministro de energía eléctrica y del 6.3% en el abastecimiento de agua, en términos reales.
En el PEF 2024, se asignó un total de inversión de 1.11 billones de pesos, equivalente al 12.2% del gasto neto total aprobado para el ejercicio fiscal. De este monto, más de la mitad corresponde a obras públicas, mientras que el resto se distribuye entre gastos de capital no vinculados a obras públicas y recursos destinados a fideicomisos.
El análisis detallado también revela la distribución de esta inversión por áreas y entidades federativas. Una parte considerable se destina al sector de petróleo y gas natural, con una quinta parte del presupuesto, mientras que los estados del sur-sureste, estratégicos para el gobierno, concentran casi la mitad de la inversión pública.
