Aprueban Ley Aduanera en el Senado

El Pleno del Senado de la República avaló con 78 votos a favor, 37 en contra y una abstención; en lo particular, la minuta con proyecto de decreto para reformar la Ley Aduanera.  

Los senadores aprobaron una modificación propuesta por el senador Homero Davis Castro, de Morena, con la que se especifica en el artículo Transitorio Primero que el decreto entre en vigor a partir del 1 de enero de 2026, salvo la modificación del artículo 86 A fracción Primera Segundo Párrafo, que entra en vigor al mes siguiente del inicio de la vigencia del decreto.

Además, los artículos 86 A fracción Tercera, 106 fracciones Quinta y Sexta, 107 y 145 entrarán en vigor a los tres meses después del inicio de la vigencia del presente decreto; todo lo anterior, para dar tiempo a la elaboración de la reglamentación que acompañará la aplicación de la reforma.

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De esta manera, los senadores aprobaron en lo particular el dictamen, incluida esta propuesta, con 77 a favor, 38 en contra y una abstención, por lo que el proyecto se devolvió con este cambio a la Cámara de Diputados. 

Al fundamentar el proyecto, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Miguel Ángel Yunes Márquez, aseguró que las modificaciones a la Ley Aduanera no obstaculizan operaciones legítimas, sino que las facilitan con certidumbre y trazabilidad y, al mismo tiempo, sancionan a quien distorsiona el mercado formal y daña la hacienda pública.

“Con esta reforma avanzamos hacia una aduana moderna, una aduana que cuida la competitividad y, a la par, la integridad del sistema, porque cada peso bien recaudado regresa en servicios públicos como la infraestructura, la salud y la educación, ya que cada trámite simplificado y seguro se traduce en empleos, inversión y crecimiento”, agregó.

¿Qué establece la reforma?

El proyecto de reforma a la Ley Aduanera propone, entre otras cosas:

• crear un Consejo Aduanero, órgano que conocerá y resolverá sobre el otorgamiento de autorizaciones y patentes aduanales, y dota de facultades concurrentes para post-despacho de mercancías al Servicio de Administración Tributaria y a la Agencia Nacional de Aduanas de México. 

• que las autoridades aduaneras puedan celebrar convenios con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para la gestión y el análisis de datos, e incorpora y mejora controles para determinar la responsabilidad de los agentes aduanales, con la finalidad de contrarrestar prácticas de evasión, subvaluaciones o evasión fiscal

• la eliminación de la patente vitalicia para agentes aduanales y el establecimiento de 20 años para su uso siempre que cumplan con los requisitos estipulados por la ley, además de certificaciones periódicas cada tres años para garantizar la profesionalización de esos actores. 

• asegura que las mercancías importadas bajo los regímenes de importación temporal efectivamente se transformen y se retornen al extranjero, o bien que se paguen las contribuciones correspondientes

Además, de acuerdo con un comunicado, con la reforma se reducen espacios para la falsificación y presentación de declaraciones incompletas o incorrectas, al incorporar al expediente electrónico de pedimentos el CFDI, facturas comerciales, carta porte o cualquier otro documento que permita acreditar esas declaraciones.

Corrupción, ¿el tema pendiente de la reforma?

Legisladores del PAN, PRI y Movimiento ciudadano se pronunciaron en contra del proyecto, toda vez que, aseguraron, promueve la discrecionalidad y deja pendiente el combate a la corrupción, lo que además podría afectar los tratados de libre comercio celebrados por México.

Tal es el caso del senador Raymundo Bolaños Azocar, del PAN, criticó que la modificación a la Ley Aduanera no combate de raíz a la corrupción, sino que sólo “maquilla” el problema y hace a los agentes aduanales un “chivo expiatorio” de ello; además de que deja intacta la maquinaria con la que se saquean las finanzas públicas y se permite el huachicol fiscal.

Denunció que el proyecto culpa a los agentes aduanales mientras exculpa a los servidores públicos, a pesar de que éstos son quienes avalan y protegen los actos de corrupción dentro de las aduanas, lo que ha derivado en pérdidas estimadas en más de 200 mil millones de pesos al año por el llamado huachicol fiscal.

“El país requiere certidumbre fiscal en materia de comercio exterior para cerrar la puerta a los escandalosos casos de corrupción que están ocurriendo en el morenato”, afirmó.

Asimismo, cuestionó que la reforma mantenga la intervención militar en las aduanas y viole el principio de presunción de inocencia, al suspender patentes por el simple hecho de existir una investigación sin sentencia.

Por su parte, por el PRI, Miguel Ángel Riquelme Solís, consideró que la reforma coloca a México en una “posición vulnerable” ante sus socios de Estados Unidos y Canadá, ya que el T-MEC establece procedimientos aduaneros transparentes, proporcionales y previsibles, algo que no cumple la modificación a la Ley Aduanera, pues impone facultades discrecionales y sanciones excesivas.

De Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich acusó que la reforma no toca, aborda, ni combate el huachicol fiscal de las aduanas y los puertos; además, consideró que genera afectaciones económicas por sobrerregular y no dar certidumbre jurídica a las partes involucradas en el sistema aduanero, lo que pone “más trabas al comercio exterior”.

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