Entre 2008 y 2015 la desigualdad en la distribución del ingreso de las personas disminuyó en América Latina debido a la prioridad que le dieron los países; sin embargo, el alza que se sufrió entre 2012 y 2015 aún tiene efectos elevados en la actualidad, pues los niveles actuales siguen siendo muy altos para alcanzar el desarrollo sostenible, alertó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
En el informe llamado “Panorama Social de América Latina 2016” se reveló que la distribución del ingreso es solo una de las dimensiones de la desigualdad, pues también existe la del uso del tiempo entre hombres y mujeres, la condición étnico-racial y las que se evidencian en las distintas etapas del ciclo de la vida.
La secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, explicó que “la desigualdad es una característica histórica y estructural de las sociedades de América Latina y el Caribe, que se manifiesta a través de múltiples circuitos viciosos” y está contenida en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Asimismo reveló la condición de varios contextos:
- Ingresos personales.-
En un nivel calificado por el coeficiente de Gini para los ingresos personales en 2015 en que “0” representa la ausencia de desigualdad y “1” para la desigualdad máxima, se obtuvo un promedio de 0.469 para los 17 países de América Latina, en comparación con años anteriores, se obtuvo una disminución del 1.2 % anual entre 2008 y 2012 y de 2012 a 2015 se alcanzó una baja del 0.6 % anual.
Trabajo remunerado vs el no remunerado de las mujeres.- Las féminas siguen sobre-representadas en los quintiles de menores ingresos y de su tiempo total de trabajo, lo cual equivale a la suma de las horas dedicadas a las labores domésticas y de cuidados, el cual es superior al de los hombres, por lo que limita su autonomía económica; es decir, destinan hasta un tercio de su tiempo al hogar y los varones solo dedican un 10 %.
Así, el valor económico del trabajo no remunerado que se realiza en los hogares equivale aproximadamente a un quinto del mismo; sin embargo, este no se contabiliza en el PIB.Condición étnico-racial.- “Otro factor de desigualdad estructural en América Latina”, pues en la región viven alrededor de 130 millones de personas afrodescendientes (aproximadamente 21 % del total de la población) distribuidos principalmente en Brasil y Cuba (91 %); sin embargo, esta población está distribuida en todos los países de América Latina, por lo que 14 de ellos crearon instituciones y mecanismos gubernamentales de combate al racismo y promoción de la igualdad racial mediante la protección de sus derechos.
Respecto a sus ingresos, también es considerado como un estrato socioeconómico de menores ingresos y sufre divergencias en el desarrollo social. Por ejemplo, mayores tasas de mortalidad infantil y materna, embarazo adolescente, desempleo y bajos ingresos laborales en comparación con los no afrodescendientes.Gasto social.- Se alcanzó en 2015 su máximo histórico con el 10.5 % del PIB para el gobierno central y 14.5 % para el sector público (como promedio simple regional). La protección social (5 %), la educación (4.6 %) y la salud (3.4 %) sigue siendo la función de mayor importancia en relación con el PIB.
Pese a lo anterior, los presupuestos para este rubro de 2016-2017 registraron contracciones en la mayoría de los países; mientras que las estimaciones del PIB son en general de crecimiento moderado. Por ello, la Cepal llamó a resguardar y cautelar el financiamiento de las políticas sociales.- Propiedad.- En los activos físicos y financieros se constató que la distribución de la riqueza “es aún más desigual que aquella medida solo por los ingresos corrientes de las personas”, por lo que la Cepal instó a impulsar un cambio estructural progresivo en la región con el fin de generar empleos de calidad, mayores niveles de productividad y mejores retribuciones del factor trabajo.
Cabe señalar que los avances fueron resultado de la mejora relativa de los ingresos laborales en los sectores con menor ingreso, la formalización del empleo y el aumento real de los salarios mínimo; además de que se incrementaron las transferencias monetarias a los de menor ingreso; sin embargo, las mejoras distributivas no estuvieron necesariamente asociadas a un reparto más equitativo del capital y el trabajo.
Finalmente, el organismo señaló que para desactivar los circuitos viciosos de la desigualdad es necesario utilizar un enfoque sistémico en:
- las políticas públicas para garantizar la titularidad de derechos
- el reconocimiento y la potencialización del trabajo productivo y de calidad, y
- la universalización de la protección social a lo largo del ciclo de la vida
