Buscan ampliar a 16 las Zonas Económicas Especiales

Tlaxcala es una de las entidades que se podrían beneficiar ya que actualmente es el estado que menos participación tiene en el PIB
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 ZEE  (Foto: iStock)

En la Cámara de Diputados se impulsa una reforma a la Fracción I del artículo 6, de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (LFZEE), a fin de ampliar las opciones de desarrollo económico a más entidades del país, que también sufren carencias, pobreza extrema, y requieren y demandan ser impulsadas por el gobierno federal.

La iniciativa refiere la necesidad de aumentar de diez a 16 el número de estados que puedan beneficiarse con el establecimiento y operación de estas zonas, como instrumento para coadyuvar al crecimiento económico sustentable y fomentar el desarrollo de las regiones con alto rezago.

Minerva Hernández Ramos, secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación puso como ejemplo a Tlaxcala, que sufre amplias carencias que deben ser atendidas a través de la formalización de Zonas Económicas Especiales, ya que es la entidad que menos participación tiene en el Producto Interno Bruto, con el 0.6%.

De acuerdo a la LZEE, dicho estado enfrenta una gran limitante, ya que la fracción I, del artículo 6, que regula la creación de estas zonas establece lo siguiente:

“Solo se realizará y se llevará a cabo de manera limitativa con aquellas diez entidades federativas con mayor incidencia de pobreza extrema”

Por lo cual, de manera automática, Tlaxcala se encuentra excluido del apoyo federal respecto a la formalización de Zonas Económicas Especiales, indicó la diputada.

Es necesario reformar este marco jurídico, para contemplar un mayor número de entidades federativas que puedan ser impulsadas a través de la creación de infraestructura dentro de la figura de Zonas Económicas Especiales, y “ampliar el espectro de protección, de 10 a 16 entidades federativas”.

Hernández Ramos argumentó que desde el ámbito legislativo es necesario combatir la pobreza en todas sus aristas, por lo que es obligación del Poder Legislativo llevar a cabo todas las acciones que contribuyan a reducir la brecha de desigualdad.