Luego del sismo ocurrido el pasado de 19 de septiembre expertos indicaron que la corrupción en una de las explicaciones al cuestionamiento de cómo edificios que lucían resistentes se desmoronaron así como la necesidad.
Aproximadamente, 1800 inmuebles de la Ciudad de México sufrieron daños significativos o graves y siete edificios de departamentos, entre ellos, algunos entregados este año se derrumbaron o quedaron inhabitables
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"Miles de familias se van a quedar en la calle porque alguien no supervisó adecuadamente o alguien se puso de acuerdo por ganancias privadas para no hacerlo", dijo a la AFP Max Kaiser, director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO.
Para Mariana Campos, experta en gasto y rendición de cuentas de la organización México Evalúa, la corrupción al momento de construir es claramente un factor a considerar para explicar cómo edificios que lucían resistentes se desmoronaron.
Respecto a la escuela en la que murieron 19 niños y 7 adultos, la alcaldesa de Tlalpan, delegación donde se ubica la institución, aclaro que pese a que ésta había sido declarada "estructuralmente segura" en 2014, con una certificación oficial por cinco años, dicha aprobación la otorgó la alcaldía de la capital, que a su vez rechaza toda responsabilidad.
Por su parte, Francisco Fontana, historiador de 30 años y vecino de la escuela, dijo a la AFP que uno de los edificios había sido clausurado desde su inauguración y pese al impedimento municipal siguió recibiendo estudiantes.
Exigen transparencia en la reconstrucción
El presidente Enrique Peña Nieto presentó este miércoles el programa de reconstrucción, en el que convocó al sector privado a establecer una mesa de coordinación para optimizar el destino de los recursos recaudados por la sociedad civil.
Dicho programa, por un monto aproximado de 37.000 millones de pesos que contemplan no solo los daños provocados por el sismo del 19 de septiembre sino también los del ocurrido el 7 de septiembre, y que afectó a Chiapas y Oaxaca.
Por lo anterior, los expertos resaltan la necesidad de un aparato de fiscalización, así como una política transparente para la toma de decisiones y el destino de la ayuda.
