Desde la creación de las escuelas tanto públicas como privadas de todos los niveles, siempre se ha buscado tener un control efectivo para que los alumnos no falten a sus deberes. Sin embargo, en Dinamarca dichas medidas han tomado un nuevo rostro con una nueva legislación que obligaría a los estudiantes a entregar sus computadoras personales a los profesores.
La propuesta de ley contempla que los instructores podrán acceder al historial de búsqueda de los alumnos y consultar su actividad en redes sociales. El contenido de este borrador legislativo ha desatado polémica, pues no se prevén los límites que tendrán los profesores al inspeccionar el contenido de los ordenadores.
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Algunos de los detractores de esta propuesta afirman que si bien todo el material llevado a la escuela debería ser utilizado para fines de aprendizaje, es innegable que en ciertas ocasiones representa un distractor en el proceso de enseñanza, pero eso no conlleva a que se vulnere la privacidad de los educandos porque en primera instancia no todos pueden permitirse tener una computadora para estudiar y otra para cuestiones personales.
En la iniciativa no se faculta a las escuelas para exigir a los alumnos la entrega de sus dispositivos, toda vez que deben ser ellos quienes consientan que el profesor revise el contenido de sus equipos. Aunque las escuelas no tienen esa prerrogativa, con la que si cuentan, es con la diversa de aplicar diferentes castigos, como lo son desde confiscar la computadora hasta expulsar a la persona.
Los detractores alertan que de aprobarse este documento significaría un retroceso para el país porque los alumnos, sin importar la edad y el grado escolar tienen derecho a la privacidad. No obstante, hay otros que apoyan su implementación debido a que los índices de suicidio en los jóvenes han crecido considerablemente en los últimos años y su privacidad es sacrificada en pro de una mayor seguridad.
Conocer y controlar el contenido que ven y comparten los alumnos en redes sociales puede ser una medida preventiva pero también una violación a derechos fundamentales. Será necesario seguir de cerca el caso danés y constatar, de ser aprobada que esta ley, si significa un avance o un retroceso y si puede servir de ejemplo para otros países.
