Implementar una política tipo ingreso básico en México reduciría el nivel actual de desigualdad, de 0.498 a 0.370 y hasta 0.294, medida con el coeficiente de Gini, afirmó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
La institución explicó que el ingreso básico significa una transferencia monetaria de manera uniforme, individual y periódica a toda la población, independientemente de su condición laboral, económica, fiscal o social.
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Resaltó que si se considera a toda la población mexicana en 2016, los beneficiarios de esta estrategia ascenderían a 122 millones 273,473 personas, incluyendo niños, presos, pensionados e inmigrantes permanentes- aunque sigue el debate sobre si incluir a estos últimos-.
Ricardo Cantú Calderón, director de investigación del organismo, destacó que al plantear la factibilidad económica del ingreso básico, se cuestionaron los costos que pudiera representar al sistema fiscal y aseguró que eso dependerá del monto monetario que pretenda transferirse.
A detalle, el costo fiscal de entregar un ingreso básico equivalente a la línea de bienestar mínima rural, para el año 2016 sería de 7% del Producto Interno Bruto (PIB); el costo fiscal de entregar un ingreso básico equivalente a la línea de bienestar mínima urbana, para el año 2016, sería de 9.9% del PIB; el costo fiscal de entregar un ingreso básico equivalente a la línea de bienestar rural, para el año 2016 sería de 12.9 % del PIB y el costo fiscal de entregar un ingreso básico equivalente a la línea de bienestar urbana, para el año 2016 sería de 20% del PIB.
Sin embargo, mencionó que una de las ventajas económicas que tendría la implementación sería la sustitución de otros programas sociales con los mismos objetivos de reducción de pobreza y de desigualdad como PROSPERA, PROAGRO o subsidios; el incentivo para los niños y jóvenes a mantenerse estudiando; el empoderamiento a los desempleados para que busquen empleos mejor pagados y el otorgamiento del mínimo necesario para satisfacer las necesidades básicas, entre otros.
Asimismo, una desventaja económica sería el desincentivo al trabajo remunerado y por ende, la disminución en la recolección de impuestos al ingreso.
Por lo anterior, Cantú Calderón reiteró que es necesario realizar investigaciones más profundas para determinar los valores aplicables a 2018, así como las consecuencias probables en la economía y los efectos macroeconómicos en el empleo, consumo general, producción y bienestar social, entre otros factores.
