Abogados “Bajo la lupa de GAFI”

Hace casi 10 años México fue evaluado conjuntamente por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), ente intergubernamental que desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero global contra lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, y por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) que agrupa a 16 naciones de toda América para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, bajo el compromiso de mejora continua de las políticas nacionales en ambos temas y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros; con la participación del Fondo Monetario Internacional partiendo de las 40 recomendaciones sobre lavado de dinero y las nueve recomendaciones especiales sobre el financiamiento al terrorismo. Es dando este preámbulo, que la licenciada Graciela Pompa García, coordinadora de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México A.C., hace precisiones sobre la evaluación realizada en nuestro país.

Es importante señalar que dichas recomendaciones son reconocidas como el estándar global antilavado de activos (ALA) y contra la financiación al terrorismo (CFT).

En la evaluación de 2008, GAFI señaló el progreso que México tuvo en el desarrollo para combatir estos ilícitos de acuerdo con una valoración previa que en el año de 2004 realizó la Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF); que cabe mencionar, ese mismo año fue creada la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual nace con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Informe de evaluación mutua de GAFI a México 2018

El miércoles 3 de enero de 2018, se publicó el Informe de Evaluación Mutua, adoptado en su reunión plenaria de noviembre pasado por GAFI, el cual ofrece un resumen de las medidas de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo vigentes en nuestro país a la fecha de la visita in situ que se llevó a cabo del 28 de febrero al 16 de marzo de 2017. GAFI señala los siguientes hallazgos a destacar:

• México tiene un régimen antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo maduro, con un marco legal e institucional consecuentemente bien desarrollado. Hubo una mejora significativa en algunas áreas, sin embargo se enfrenta con un riesgo significativo de lavado de activos proveniente principalmente de las actividades generalmente asociadas con la delincuencia organizada, (tráfico de drogas, extorsión, corrupción y evasión fiscal)

• el sector financiero demuestra una buena comprensión de las principales amenazas de lavado de activos, pero su reconocimiento de la corrupción como amenaza principal es desigual

• la UIF funciona bien y está produciendo buena inteligencia financiera, pero el volumen que es comunicado a la Procuraduría General de la República (PGR) es limitado en cantidad, lo que da lugar a un bajo número de investigaciones financieras. UIF tiene los recursos y habilidades para reunir y utilizar una amplia variedad de inteligencia e información relevante para desarrollar análisis y producir buena inteligencia

• México creó un marco institucional y legal para investigar el lavado de activos y los delitos determinantes, no obstante otorga mucha prioridad a la investigación de los delitos determinantes y se presta poca atención a su persecución

• la percepción de la corrupción en nuestro país está entre las más dominantes de los países de la Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica (OCDE) y por lo tanto es una fuente de fondos ilegales que hace posible el lavado de activos

• la evasión fiscal sigue siendo significativa, ya que la recaudación fiscal es baja (si bien ha incrementado en forma substancial en los últimos años), en parte, debido a la evasión fiscal, como también a las deficiencias en el sistema judicial que han dado lugar a pocas condenas y encarcelaciones por fraude impositivo

• la PGR no consideraba (hasta hace relativamente poco) la identificación e investigación del lavado de activos como prioridad clave

• se identifica al beneficiario final solamente de forma limitada, influyendo sistemáticamente en la efectividad de las entidades en relación con la evaluación y gestión de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

• los abogados y contadores ofrecen servicios regulados por la norma, tal como el asesoramiento sobre la constitución de sociedades y la administración de los activos de los clientes, la afiliación a un colegio de abogados no es obligatoria, así menos del 3 % de los abogados forman parte de uno de los siete que existen.

Aunque algunos bufetes de abogados parecen conocer sus obligaciones ALA/CFT y las amenazas de lavado de activos en particular derivadas de la evasión fiscal, el nivel general de conciencia de sus obligaciones ALA/CFT y la noción de los riesgos de LA son bajos, especialmente aquellos que no pertenecen a un colegio. De manera similar, la vasta mayoría de contadores no pertenece a ningún colegio. Como los abogados, parecen tener una conciencia limitada de sus obligaciones y los riesgos de LA que resultan de sus operaciones¹

A través de comunicados de prensa, autoridades como la SHCP y la PGR manifestaron su compromiso para fortalecer las áreas de oportunidad detectadas, pero sobre todo para continuar salvaguardando el sistema financiero nacional y la supervisión de las actividades vulnerables a fin de tener una economía sólida, que siga cumpliendo con los mejores estándares internacionales en la materia, de forma que se garanticen las condiciones para prevenir amenazas, incrementando la integridad financiera y contribuyendo a la seguridad nacional del país.

Abogados señalados en el informe

Resulta imperativo destacar lo señalado, en relación con que la conciencia de los abogados acerca de sus obligaciones en la materia es baja, en especial aquellos que no son miembros de un colegio de abogados. Actualmente la colegiación en México está limitada a la voluntaria y aún no se cuenta con ella de manera obligatoria, la misma resulta esencial para cumplir con los fines propios de la abogacía y su función social.

La Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal contempla en su artículo 44 que en todos los profesionales de una misma rama podrán constituir en el Distrito Federal uno o varios colegios, sin que excedan de cinco por cada rama profesional, gobernados por un Consejo compuesto por un presidente, un vicepresidente, dos secretarios propietarios y dos suplentes, un tesorero y un subtesorero, que durarán dos años en el ejercicio de su encargo” y en su numeral 50 inciso o, los Colegios de Profesionales tendrán como propósito formar listas de peritos profesionales, por especialidades, que serán las únicas que sirvan oficialmente.

Resulta pertinente destacar que el colegio de abogados más antiguo de América, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México A.C., consciente de la situación, es que en la sesión del 17 de agosto de 2017, a cargo de su presidente, el licenciado Alfonso Pérez-Cuellar Martínez, creó la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, que entre sus objetivos tiene incentivar las relaciones con entes tales como la SHCP, el SAT, la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Lo anterior con reuniones bimestrales, las cuales permitirán establecer un diálogo común sobre la aplicación de la legislación en la materia y su cumplimiento; se busca tener un acercamiento con universidades, ya que al no existir una cátedra sobre la materia, los futuros abogados concluyen sus estudios universitarios sin conocer del tema; y desde luego, fomentar y capacitar a los miembros de los colegios, en un esfuerzo no solo con la profesión sino con la misma sociedad.

Conclusión

Si bien GAFI señaló que México tiene un buen sistema para enfrentar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo con mejoras significativas en comparación al año 2008; también advirtió que se requieren ajustes significativos para fortalecer nuestras instituciones, donde un factor radical es el combate a la corrupción. Un ejemplo de esta situación como vulnerabilidad institucional, es la falta del titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados en Hechos de Corrupción.

Los señalamientos anteriores resultan pocos contundentes, porque no se puede negar que se cuenta con un avance significativo, sin embargo no hay que perder de vista que han transcurrido 10 años, y que la situación actual del país atraviesa por momentos coyunturales que demandan soluciones decisivas frente al riesgo significativo de lavado de activos provenientes principalmente de las actividades más generalmente asociadas con la delincuencia organizada, tales como tráfico de drogas, extorsión, corrupción y evasión fiscal.

La prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo son herramientas fundamentales para romper con las cadenas de valor del crimen organizado transnacional, acciones acordes con la evolución en procuración de justicia que México requiere. Para generar cambios radicales se necesita no solo del compromiso de las autoridades para fortalecer estas áreas de oportunidad, también se requiere contar con profesionistas de primer nivel, en concreto, especialistas certificados en la materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo los cuales tengan el respaldo de los colegios de profesionistas.