Desde hace varios años el servicio que presta la empresa conocida como Airbnb ha estado en el centro de la polémica debido a la naturaleza de sus actividades, lo cual ha generado discrepancias a nivel jurídico y fiscal.
En las principales ciudades turísticas donde la aplicación presta sus servicios, las autoridades locales han dado diversos pasos para intentar regular esas actividades, en este caso la ciudad de Ámsterdam en los Países Bajos sigue restringiendo los alquileres de inmuebles.
El año pasado se limitó a 60 días el tiempo que los propietarios podían alquilar sus viviendas por medio de dicha plataforma al año, ahora debido a una nueva normatividad el lapso se redujo a 30 días.
El argumento que sustenta dicha medida es que se reducirá el número de problemas causados por turistas en determinadas zonas y los dueños tendrán menos alicientes para utilizar sus viviendas como un método para ganar dinero.
La legislación anterior indicaba que los residentes de la ciudad que deseen alquilar su propia casa o tienen la autorización del propietario para eso debían registrarse en el ayuntamiento local y no era posible tener más de cuatro huéspedes por noche. La nueva norma retoma eso, pero reduce el tiempo por año.
Las autoridades precisaron que el año pasado, cerca de cinco mil departamentos eran alquilados permanentemente a turistas incumpliendo la normatividad respecto a la temporalidad, al número de personas y omitiendo el pago del impuesto turístico. Los pisos en plataformas de alojamiento vacacional aumentaron de 4,500 en 2013 a 22,000 en 2017.
Recientemente un tribunal de distrito holandés concluyó que un individuo puede perder su propiedad si la emplea exclusivamente para alquiler vacacional, y por ello no reside en ella. Sin embargo, ciertas personas han hecho caso omiso a la legislación en pro de tener mayores ingresos.
El nuevo ordenamiento entraría en vigor en 2019 y se menciona que no solamente es dirigido exclusivamente a Airbnb sino también a otras empresas que prestan un servicio similar como Booking y en general a quienes recurren a la economía colaborativa.
Ámsterdam no es la única ciudad europea en implementar restricciones a la empresa, pues Londres impuso 90 días como máximo y París 120. Sin embargo, en otras como Barcelona, las autoridades municipales han estado al borde de prohibir la plataforma porque afirman que fomentan actos ilegales. En México son pocas las entidades que han puesto en marcha medidas a la aplicación, entre ellas la CDMX y Quintana Roo.
