Breve reflexión sobre la evaluación de GAFI a México

En nuestro entorno globalizado, México forma parte de una serie de reguladores internacionales como es el Grupo de Acción Financiera contra el blanqueo de capitales (GAFI), el cual desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero global contra actividades de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, dando recomendaciones que son reconocidas como un estándar internacional.

México fue evaluado por GAFI el pasado 2017, emitiendo el Informe de Evaluación Mutua, donde se hace un estudio de lo general a lo particular sobre las medidas que nuestro país tiene para controlar e identificar el lavado de activos, así como el financiamiento al terrorismo. En esta oportunidad el contador público Alberto Alfonso Romero Quezada, Presidente la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, realiza un resumen ejecutivo sobre este importante informe.

GAFI, en su estudio analiza tanto al sector financiero de manera integral evaluando el marco regulatorio, las políticas establecidas por las entidades financieras y la operación e información que los bancos reciben y envían a su regulador, es decir, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Dicho documento refiere que nuestro sistema financiero es sólido y que cuenta con leyes y regulaciones adecuadas, así como un sistema de envió de alertas y reportes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acorde a los estándares que GAFI establece, aunado a que los supervisores de este sector tienen un desempeño bueno y con implementación en enfoques basados en riesgos razonables.

Donde GAFI si puso el dedo en la llaga, fue en los siguientes aspectos:

• el primero referido al trabajo de las autoridades para realizar investigaciones, condenas y sanciones en materia de lavado de dinero, donde menciona que no están funcionando de manera coherente para mitigar adecuadamente los riesgos de lavado de dinero (GAFI, 2018); y

• el segundo las actividades vulnerables establecidas en la comúnmente conocida como “ley antilavado”

De lo que se desprende que, si bien es cierto la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), cuenta con un periodo de operación corto, a cinco años de vida de la misma, existe inexperiencia tanto del supervisor (SAT) como de los sujetos obligados que llevan a cabo las llamadas “actividades vulnerables”, contempladas en el artículo 17 del ordenamiento en cuestión.

Sobre los puntos a mejorar destacan:

• que el SAT puede adicionar la presentación de reportes de auditoría en materia de prevención de lavado de dinero a las actividades vulnerables y que estas revisiones sean realizadas por auditores externos o internos

• se hace énfasis en que la calidad y cantidad de los avisos, además como del padrón que integra dichas actividades son insuficientes; asimismo refiere que la integración de los expedientes y la debida diligencia del cliente o como se le nombra “conoce a tu cliente”, no se encuentran estructuradas de manera idónea, ya que la mayoría de las veces solo se requisita la información suficiente para el cumplimento del aviso. Igualmente, es imperante que los sujetos obligados hagan una revisión de sus procesos de cumplimiento, a fin de determinar las áreas de oportunidad en los datos que se están integrando para la presentación de los avisos

• la elaboración de manuales, implementación de controles internos y formatos que permitan obtener información y que esta sea confiable y adecuada a las necesidades de lo requerido en los avisos; también es aconsejable que se analicen los riesgos de amenaza de lavado de activos por las actividades vulnerables que se lleven a cabo

• Finalmente, los profesionistas que estamos inmiscuidos en este tema debemos poner nuestros esfuerzos para fomentar la cultura de prevención, además debe de existir una fuerte campaña tanto de autoridades, colegios de profesionistas y cámaras de las diferentes actividades vulnerables para que unan esfuerzos para capacitar de manera adecuada a los nuevos requerimientos que va a pronunciar el SAT y la UIF a medida que estos avancen en el seguimiento de las recomendaciones propuestas por GAFI.