El Orden de Internet abierto podría representar un jugoso proyecto para las compañías de la industria tecnológica
La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos de América confirmó que el orden de internet abierto será derogado el próximo 11 de junio; sin embargo, no es la orden oficial, ya que aún estamos a la espera de lo que se publique en el Registro Federal.
Pese a que esta decisión ha sido ampliamente rechazada por los grandes de la industria tecnológica (Netflix, Twitter, Google y Mozilla) y por diversos usuarios, la Corte norteamericana optó por ponerle fin.
Este principio regula el tratamiento del tráfico de datos en la red sin tarifas adicionales a los usuarios, evitando que el proveedor cobre por visitar alguna página web a través de su cuenta.
Esta batalla campal resulta de la influencia de factores políticos y económicos, poniendo en tela de juicio el Internet libre, generando un proceso de discriminación, ya que no todos los individuos podrán acceder al material, mismo que podría derivar en una transgresión a la transparencia, al censurar o restringir el acceso.
Desde el punto de vista de la competencia en el mercado, al ser limitado, el usuario experimentará un bajo desempeño en la red; no obstante, para las compañías podría representar un jugoso proyecto puesto que tendrán que ofrecer más posibilidades de elección al consumidor.
A su vez los defensores de los derechos humanos de menores, lo ven como un beneficio, porque el bloqueo y filtrado garantizará que el contenido sea objetable y se limite el contenido ilegal.
Las implicaciones legales podrían ser la prohibición de bloqueo competitivo, regulación más estricta de los servicios de Internet, así como impedir que los gobiernos subsidien el uso, mismos que evidentemente deberán generar políticas complementarias para la inversión, innovación y la participación política.
Como podemos observar estamos frente a una balanza más inclinada a los intereses económicos que a los principios básicos del acceso libre a la web, así como transparencia y acceso a la información de carácter público.
