El primer caso resuelto por la Suprema Corte de Estados Unidos de América (EUA) respecto a los derechos de las empresas data de 1809, casi medio siglo antes del primer caso de derechos humanos de afroamericanos. Lejos de ser una clase vulnerable, el Banco de EUA fue quien trajo el caso, siendo una de las corporaciones más ricas y poderosas en la nación.
Después de que en Georgia se impusiera un impuesto a la sucursal bancaria de Savannah, el banco reclamó el derecho constitucional para impugnar el mismo ante la corte federal. Basó su acción en el artículo III de la constitución de los EUA; sin embargo, dicho numeral garantiza el derecho de audiencia para ciudadanos y no para corporaciones.
El legendario presidente de un tribunal estadounidense, John Marshall, sostuvo que la constitución debía entenderse ampliamente para incluir a las empresas (más tarde se presentó el caso Dred Scott case, en el que la Corte precisó que las personas de color no podrían ser ciudadanos bajo esta disposición).
Siendo facultadas para usar al tribunal, las compañías se convirtieron en innovadoras de litigios de derechos civiles. Un ejemplo, es el impuesto especial sobre ferrocarriles de Southern Pacific Railroad Company (1880) que se vio envuelta en un desacato civil por negarse a pagar y con la ayuda de un flamante equipo de abogados dirigidos por Roscoe Conkling se llevaron más de 60 casos de prueba para ampliar así los derechos de las personas jurídicas.
Conkling les dijo a los jueces que la décimo cuarta enmienda requería igualdad de protección de las leyes, misma que fue adoptada no solo por esclavos sino para proteger a las empresas; y habiendo servido años en el comité parlamentario, se redactó la normativa. Por razones de procedimiento, el tribunal supremo nunca se pronunció directamente sobre este asunto, pero sí para otros que surgieron años más tarde; pero, el relator de decisiones confirmó que la Corte se había pronunciado a favor de que las empresas contaran con los derechos enunciados en dicha enmienda.
Es así que las empresas han sido pioneras en el establecimiento de derechos constitucionales clave en EUA; un ejemplo de lo anterior fue en 1930 cuando con compañías periodísticas se estableció una protección amplia para la libertad de prensa.
Los críticos señalan que el surgimiento de los derechos de las corporaciones son por la idea de que de una persona moral es una persona. La personalidad corporativa es un principio fundamental de derecho mercantil. En 1757, Blackstone en su libro “Commentaries on the Law of England” menciona que las empresas son personas ficticias.
Personalidad de un ente moral significa que cuenta con identidad propia independientemente de la ley; por ejemplo, si te caes en un Starbucks demandas a la empresa no a los accionistas.
Por tanto, los conflictos actuales no tienen que ver con la idea fundamental de que las empresas cuentan con derechos sino con que también tienen los derechos individuales de los que la componen, como el caso resuelto por Marshall en donde se afirmó que el banco tiene derechos porque sus miembros eran ciudadanos americanos con los mismos.
