Otros aliados para prevenir el lavado de dinero

Las Fintech representan un lado del sector financiero con vertientes para poder verse inmersas en este tema

El pasado 9 de marzo de 2018 se publicó la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, mejor conocida como Ley Fintech, y el pasado 10 de septiembre de 2018 se expidieron las normas secundarias de la misma (Disposiciones de carácter general), que tienen por objeto regular los servicios que prestan las instituciones de tecnología financiera, así como los servicios que sean ofrecidos o realizados por medios innovadores a través de los principales sectores tales como pagos electrónicos, financiamiento colectivo, activos virtuales y asesoría financiera electrónica, nos comentan la licenciada Luz María Villafuerte García y el licenciado Omar Mariano Torres López Lena, ambos Directores Generales Adjuntos de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

La inminente evolución digital a nivel mundial, exige adecuarnos a los estándares internacionales, permitiendo, con la aplicación de la Ley Fintech, regular al sector de servicios financieros en los que se incluya innovación tecnológica, la cual ha tenido un crecimiento exponencial no solo en nuestro país sino a nivel global, ya que transforma la prestación de los servicios tradicionales que proporcionan las instituciones de crédito y otras entidades financieras.

Panorama de la Ley Fintech

Este tipo de regulación abre un panorama importante de inclusión, innovación financiera y eliminación del servicio de intermediación en México, mejorando las condiciones de competencia en el sistema financiero en la relación que tiene el número de personas con acceso a estos servicios en contra de las que tienen acceso a la tecnología, por medio de un teléfono móvil o computadora, brindando estos servicios a personas en poblaciones que no tienen a su alcance el sistema financiero. La capacidad de expansión de los servicios financieros mediante nuevas tecnologías es enorme.

De acuerdo con el cuarto informe trimestral estadístico 2016 elaborado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a diciembre de dicho año, el número de suscripciones de telefonía móvil en México llegó a 111.7 millones, mientras que el de suscripciones de banda ancha móvil fue de 74.5 millones (exposición de motivos de la Ley Fintech).

El reto para lograr lo anterior, es preservar la estabilidad financiera creando un marco legal que establezca que las instituciones cuenten con una autorización para realizar operaciones y que estas estén supervisadas, sin dejar de lado la preocupación a nivel nacional e internacional del riesgo que representa en el uso de estas tecnologías en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Para mitigar este riesgo es que se emitieron las disposiciones de carácter general en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), las cuales, al igual que para los otros sectores supervisados en esta área cuentan con obligaciones a cargo de las fintech que son fundamentales para prevenir el riesgo de ser empleadas en la comisión de dichos ilícitos.

Entre otras se señala que deberán desarrollar e implementar debidamente políticas de identificación y conocimiento de clientes, así como una metología que les permita identificar, medir y mitigar los riesgos en la materia a los que se encuentran expuestas.

A efectos de llevar un adecuado control y monitoreo de las operaciones deberán tener un sistema que permitan identificar posibles operaciones inusuales en el comportamiento de los clientes, dar seguimiento a estas y mantener esquemas para la seguridad de la información, su integridad y disponibilidad. Asimismo, se contemplan las funciones y obligaciones de aquellas personas encargadas de aplicar correctamente las medidas de PLD/FT.

Estas obligaciones, junto con la oportuna presentación de reportes, capacitación, selección adecuada de personal y evaluación anual de su cumplimiento conforman la columna vertebral de un adecuado régimen preventivo.


Esfuerzos antilavado

En nuestro país, desde 2015 la CNBV está facultada para llevar a cabo el proceso de certificación en materia de PLD/FT, con el objeto de atenuar el riesgo en la comisión de estos delitos, lo cual ha permitido profesionalizar a aquellas personas que verifican el cumplimiento normativo y que están involucradas en su prevención constatando que cuentan con los conocimientos adecuados para realizar esta actividad, de conformidad con los más altos estándares internacionales.

Para el caso de las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) será un requisito obligatorio contar con una persona que tenga esta certificación para ocupar el cargo de oficial de cumplimiento, esto permitirá fortalecer esta línea de defensa en la materia y con ello mitigar el riesgo existente.

Definitivamente se debe inclinar por la tecnología; los métodos tradicionales de identificación de un cliente, la suscripción de un contrato, el resguardo de un expediente, el monitoreo de operaciones y el conocimiento de los riesgos, sin duda son eficaces hoy día gracias a esta. Las instituciones de crédito y otras entidades financieras han optado por implementar medidas tecnológicas cada vez más innovadoras, el uso de la misma ha impulsado la creación y el desarrollo de nuevos entes y novedosos estilos de vida tanto en lo personal, lo profesional y pensar que en lo financiero sería distinto, era muy inocente.

Prevenir las operaciones de PLD/FT en todas y cada una de sus modalidades es un reto importante, cumplir con las disposiciones que obliguen a las entidades a tener controles es relativamente simple, en el caso de las Fintech la propia plataforma sería la primera línea de defensa, pero tener voluntad para realmente identificar a los clientes, usuarios y a los verdaderos propietarios reales y/o beneficiarios finales, conocer la finalidad comercial de cada uno de ellos y la justificación de sus operaciones, es una tarea que se logra con tecnología, pero sobre todo, con la más fina de las observaciones, considerando su contexto y el conocimiento previamente adquirido.

Razón por la cual, toda entidad financiera Fintech, deberá contar con una segunda línea de defensa, que es el oficial de cumplimiento certificado en la materia; los algoritmos, las alertas rojas, las fórmulas y los candados no pueden serlo todo, ni hacerlo solos, para prevenir estas conductas que requieren de ese ojo supervisor que las haga nacer, calibre, vigile, modifique y adecue a los riesgos que constantemente se actualizan y solo alguien experto puede hacerlo.

Ahora bien, las reglas del juego ya están fijadas y toca como jugadores comprender que este fenómeno Fintech se mueve muy rápido, tanto que puede dar paso a riesgos no conocidos y que pueden arruinar el trabajo ya logrado. Es por ello que la Ley Fintech se basa en cinco principios rectores:

  • inclusión e innovación financiera
  • protección al consumidor
  • preservación de la estabilidad financiera
  • promoción de la competencia, y
    prevención de lavado de dinero que nos permitirá ir actualizando la norma al ritmo que la innovación nos marque

No es novedad que la buena reputación será uno de los principales activos que tendrán los nuevos participantes, la cual esta basada en la información, su concentración y el uso de la inteligencia artificial a través del Big Data, lo que permitirá conocer mejor a sus clientes, identificar su capacidad de endeudamiento; pero sobre todo entender su comportamiento y calidad moral frente a sus compromisos adquiridos. Sin embargo, esta reputación deberá estar respaldada en un conocimiento de sus riesgos, y cuanto más en el empeño y el trabajo para erradicarlos.

En esa perspectiva es en la que el supervisor y el regulador están trabajando, tomando en cuenta que a nadie le gusta que le impongan límites, y una regulación justo eso persigue; mientras que la certeza que brinda el que existan reglas y arbitro, origina el comienzo de un orden, en el cual seguramente será un reto para todos implementarlo, pero el camino está trazado.

La oportunidad de impulsar estas actividades resulta un privilegio, y no se debe caer en el juego de los costos regulatorios, pues lejos de ser un obstáculo será un elemento adicional capitalizable diferenciador entre los demás, como una de las tantas sanas prácticas que se puedan adoptar.

Conclusiones

Lo barato sale caro, pensar en que es un costo tener controles para protegerse del lavado de dinero, llevaría a creer que invertir en comer frutas y verduras, ir regularmente al doctor, hacer ejercicio y mantenerse sano, no son la mejor opción para tener una buena vida y esto es justo lo que se pretende que haya larga y buena vida para las Fintech y por qué no ir más allá logrando quitarles ese estigma de que con estas operaciones novedosas, por medio de estos entes tecnológicos se puede hacer todo, pero todo lo malo, porque no deja huella, porque es anónimo y nadie sabe realmente cómo funciona.

Así demostrar que cada movimiento, transacción, cambio de propietario, cruce de frontera, deja huella; que el usuario y/o cliente está identificado plenamente y que no nada más el dueño que las crea o el cliente que las usa. No solo se sabe cómo operan, sino también la autoridad que las regula y las supervisa, quien conoce perfectamente cómo funcionan, para que funcionan y por qué está permitido que funcionen.

Razón de ello es que habrá requisitos de entrada, de operación, protección al consumidor y supervisión por parte de las autoridades.

Aliados todos para prevenir el lavado de dinero: las Fintech, el sector tradicional y las autoridades.

Si bien es cierto que los delincuentes buscan la forma de evadir los controles, las nuevas formas de realizar operaciones, de enviar y recibir dinero sin límites y sin ser detectados; también es cierto que la organización, el intercambio de información y la supervisión deben ser el punto fuerte para contrarrestarlos.

Es vital no quedarse fuera de la innovación regulatoria porque si se es parte del sector tradicional la tecnología será la mejor aliada; si se es Fintech brindar certeza jurídica ampliará los horizontes y también se tendrán otras oportunidades de crecimiento; conocer completamente los riesgos y contar con transparencia operacional, será ideal para un bien común.