La senadora Angélica García Arrieta, presentó una iniciativa para reformar la Ley Minera con el objetivo de regular el impacto social en la exploración, explotación y beneficio de los minerales.
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El proyecto propone:
- otorgar facultades a la Secretaría de Economía (SE) para declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo
- que el Servicio Geológico Mexicano (SGM) se el encargado de llevar a cabo estudios de impacto social respecto a las áreas objeto de concesión y de asignación minera
- que en las concesiones, asignaciones o zonas se observarán los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos; en consecuencia, para la expedición de títulos de concesión y asignación se seguirán las siguientes formalidades:
- previo a la expedición de los títulos la SE, en coordinación con el SGM elaborará un estudio de impacto social
- en coordinación con el SGM, la SE efectuará una consulta previa, libre e informada para tomar en cuenta los intereses y derechos de las comunidades y pueblos indígenas en los que se expidan los títulos
- la SE informará a los titulares de las concesiones sobre la presencia de grupos sociales en situación de vulnerabilidad, para que se implementen las acciones necesarias para salvaguardar sus derechos, y
- los titulares de las concesiones mineras tendrán que destinar un monto mínimo de sus ganancias para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades en que se ejecuten las actividades, si así lo fija la SE en las concesiones o en las bases para concurso
- los titulares de concesiones mineras deben a emitir un informe anual del impacto social del lote minero, y
- se introducen nuevas causas de cancelación de las concesiones y asignaciones mineras, tales como:
- la declaratoria de zona inviable de explotación o en conflicto por impacto social negativo
- no rendir al SGM el informe anual de impacto social correspondiente
- no destinar los montos para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades en las que se efectúen las actividades de exploración y explotación, o
- perder la capacidad para ser titular de concesiones
La iniciativa, se sostiene, es producto de los diversos problemas ambientales y sociales desencadenados por la legislación minera vigente, pues no garantiza la protección de los derechos humanos de las comunidades indígenas, ni la rendición de cuentas de los concesionarios.
Si bien, con la reforma se busca que la explotación de minerales se adecue a los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México, el proyecto contiene lagunas legislativas, toda vez que no precisa la forma en que la SE determinará que existe un impacto social negativo, al igual que el proceso para la cancelación de las concesiones; por lo que antes de ser aprobado, el Congreso tendría que precisar estos puntos para lograr una correcta aplicación de la ley. Por ello, IDC dará seguimiento al proyecto en comento.
