Se publicó en el DOF del 16 de mayo de 2019 el “decreto por el que se aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República”. El ejecutivo federal mandó el pasado 15 de abril el contenido de la estrategia, la cual fue aprobada por el Senado. Dentro de los puntos que aborda destaca el combate al uso de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), la defraudación fiscal y finanzas de la delincuencia organizada, y el papel que tendrá la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El documento señala que se combatirá al crimen organizado como un sistema económico, centrando sus esfuerzos en el dinero y bienes del narcotráfico y no solamente en los narcotraficantes. Sus recursos se destinarán para financiar los programas focalizados de prevención social y reparación del daño, estableciendo controles legales y de ciudadanía para supervisar el uso y aplicación de estos recursos.
Se indica que en los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos 2016 (recién concluyó la actualización de este documento), coordinada por la UIF y en donde participaron instituciones de seguridad, procuración de justicia, del poder judicial de la federación, así como instituciones del sistema financiero y bursátil mexicano, se identificó a la delincuencia organizada como uno de los principales riesgos de la economía nacional, motivo por el cual debe de ser atacada desde su ámbito financiero, para abatir su poder económico que afectará y disminuirá sus operaciones. Se precisa que la diversificación y creatividad que tiene la delincuencia organizada para realizar operaciones financieras a través de empresas, personas o utilización del sistema bancario y bursátil es tan basto que obliga a las instituciones de inteligencia a encontrar nuevos métodos que contribuyan a localizar y posteriormente bloquear las cuentas y activos de Estos delincuentes, así como denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR) o fiscalías o procuradurías locales.
Igualmente, se puntualiza que la UIF en el marco de una política criminal de Estado encabezada por el Presidente de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), juega un papel trascendental en la prevención de la utilización de recursos de procedencia ilícita, al proveer a las instituciones de procuración de justicia elementos tangibles, información y análisis que contribuyen al fortalecimiento de investigaciones, que en su caso, puedan ser “judicializadas” y las sentencias por estos delitos sean incrementados.
Asimismo, se precisa la facultad que tiene la UIF para incorporar al listado de personas bloqueadas a individuos o empresas relacionadas con la delincuencia organizada, permite limitar sus operaciones y afectar sus estructuras, debilitándolas y dando la oportunidad a las instituciones de procuración e impartición de justicia de realizar sus tareas.
Para conseguirlo, la UIF llevará a cabo las siguientes actividades:
- elaboración y diseminación de tipologías en donde se muestren los métodos que utilizan las redes de la delincuencia organizada para ingresar al sistema financiero recursos de procedencia ilícita, así como sus delitos predicados
integrar, evaluar y vincular datos para prevenir y combatir el delito de lavado de dinero
especialización en las técnicas de investigación para la identificación pronta y expedita de operaciones con recursos de procedencia ilícita
generar productos de inteligencia para el combate y la afectación a la economía de la delincuencia, a través de los reportes de inteligencia contar con bases de información y de datos estructurados que permitan respuestas eficaces en el combate al lavado de dinero
- agregar un componente económico y patrimonial a las tareas actuales de investigación, bajo un enfoque de creación de inteligencia patrimonial económica a nivel local, con recursos de fondos de seguridad pública
prever tendencias delictivas con base en los activos de los delincuentes y los sujetos relacionados con los mismos - potenciar la coordinación institucional en materia de estadística y combate a la delincuencia, relacionada con la investigación, procesos y condenas por la utilización de recursos de procedencia ilícita, ello para la debida toma de decisiones
- identificar y bloquear los activos de los imputados relacionados con la delincuencia organizada
- incrementar el número de denuncias ante la FGR de los hechos que tenga conocimiento relacionados con la utilización de recursos de procedencia ilícita, así como con vistas entre la Procuraduría Fiscal de la Federación por casos de defraudación fiscal y Secretaría de la Función Pública por temas de responsabilidades administrativas
- implementar en la Guardia Nacional una unidad policial especializada en la investigación de lavado de dinero denominada “Guardia Financiera”, que debe estar adscrita a la SSPC
- coadyuvar en la creación de una unidad de investigación y litigación
- especializada en lavado de dinero y robo de hidrocarburos en la FGR
- coordinación con instancias de procuración e impartición de justicia para de obtener mejores resultados en la judicialización de los asuntos y con instancias internacionales para la prevención y combate de operaciones con recursos de procedencia ilícita
intercambio de información con agencias internacionales para prevenir y combatir el blanqueo de capitales - proporcionar asesoría técnica y de gestión a las entidades federativas en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita
- identificación de conductas delictivas por lavado de dinero
De lo anterior, habrá que estar al pendiente de los cambios legislativos que conllevará realizar estas acciones, pues se deberán crear unidades especiales y en especial, verificar si con estos hechos realmente se puede combatir los hechos ilícitos enunciados.
