El instituto revisó una decena de ayudas del gobierno de López Obrador y afirman que carecen de reglas claras, por lo que no generan certeza
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) consideró que las modificaciones emprendidas por la actual administración en los 10 programas sociales analizados no generan certeza de disminuir la desigualdad, pues carecen de reglas claras y de mecanismos de focalización.
La institución analizó 10 programas sociales para entender si dichos cambios ayudan a reducir las debilidades de los esquemas y preocupaciones que motivaron esas modificaciones.
La muestra reúne las políticas con mayor presupuesto que tuvieron cambios en los últimos meses, además de que buscan explorar las implicaciones que tendrían los cambios anunciados y ofrecer recomendaciones de política pública para aminorar la desigualdad en México.
Lo anterior, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a disminuir las desigualdades sociales, por lo que su administración ha destinado 2.6 billones de pesos del presupuesto para el rubro de desarrollo social.
Por ello, el IMCO reveló que cuatro de los 10 programas analizados no tienen reglas claras y otros cuatro asumen que un ingreso adicional es suficiente para eliminar las fuentes de discriminación de los grupos vulnerados.
Además de que no existen mecanismos para verificar que los apoyos los reciben las personas que más lo necesitan.
En dichas modificaciones, abundó, no existen pruebas donde se incluyeron las sugerencias del Consejo Nacional de Evaluación, la Auditoría Superior de la Federación y Gestión Social y Cooperación, por lo que sugiere que los cambios no están basados en evidencia, lo que pone en riesgo su resultado.
De los 10 programas analizados, destacan tres: Prospera, Estancias Infantiles y el de Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad.
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Las evaluaciones mostraron que, en el corto plazo, el diseño original de transferencias condicionadas tuvo un impacto positivo en la salud, la educación y la nutrición de los beneficiarios, en el caso de Prospera.
"Sin embargo, aún falta evidencia sobre los efectos de largo plazo del programa y las barreras que enfrentan los beneficiarios al entrar al mercado laboral".
Otro de los programas es el de Estancias infantiles, las cuales fueron eliminadas y aunque el programa registró buenos resultados en sus evaluaciones, se sustituyó por un diseño de transferencias no condicionadas.
Especifica que, con las reglas actuales, no hay forma de garantizar que el subsidio se gaste efectivamente en enviar a los niños a una estancia infantil, con lo que se podría poner en riesgo la seguridad de los menores.
El Programa de Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad se encuentra a su vez en riesgo de desaparecer, por lo que podría haber una posible sustitución por una pensión para personas con discapacidad.
Con este diagnóstico, el IMCO estimó que tres de los seis programas eliminados (Prospera, Estancias Infantiles y Coinversión Social) no debieron ser cancelados debido a los resultados positivos de sus evaluaciones.
"La autoridad federal tomó una decisión no solo en contra de la evidencia, sino del bienestar de los beneficiarios de esos programas que sí funcionaban de manera adecuada".
