El conflicto entre las grandes ciudades europeas y Airbnb tiene un nuevo episodio. Ha trascendido en medios de comunicación que un grupo de 10 ciudades (Ámsterdam, Barcelona, Berlín, Burdeos, Bruselas, Cracovia, Múnich, Paris, Valencia y Viena) enviaron una carta a la Comisión Europea, tras ofrecer el Abogado General de la Unión Europea su opinión en un juicio que se está desarrollando en París.
Lo que el tribunal francés consultó era si los servicios prestados en Francia por Airbnb Irlanda se encuadran dentro de la Directiva sobre comercio electrónico (2000/31/CE) y no como un agente inmobiliario. El Abogado General respondió que sí encaja en la directiva.
El conglomerado de localidades sostiene que las ciudades deben proteger el interés público y eliminar los efectos adversos del alquiler corto de vacaciones; demandan que los ayuntamientos deberían tener la posibilidad de introducir una regulación propia dependiendo de la situación local.
Exigen que las plataformas cooperen con las ciudades con datos de registro y oferta de alquiler por casa. Se considera la opinión del Abogado General como relevante porque interpretan que empresas como Airbnb no tienen obligación de informar sobre violaciones a la legislación de cada lugar.
La empresa ha respondido a la carta aludiendo que trabajan con los gobiernos de todo el mundo buscando nuevas regulaciones que ayuden en la diversificación del turismo y la protección de la vivienda, y facilitar que los “anfitriones” paguen impuestos.
Ciudades en todo el mundo han cuestionado el esquema de funcionamiento de este tipo de plataformas online porque aseguran que eluden el pago de impuestos y son una forma de competencia desleal para negocios locales.
