Cuotas de género, ¿insuficientes?

El pasado 6 de junio se aprobó una reforma constitucional en materia de paridad de género, sin embargo, dejó fuera aspectos fundamentales como la integración de los principales órganos de decisión del Poder Judicial y una buena cantidad de entes públicos, como los partidos políticos, el servicio exterior y las empresas productivas del Estado, por lo que resulta difícil hablar de paridad total, adviritó una investigación del del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD).

El estudio titulado “La agenda legislativa pendiente de la igualdad de género ¿Qué sigue después de la paridad?”, elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro, apunta que las condiciones de discriminación que afectan a las mujeres no se limitan a la subrepresentación política, sino que forman parte de un panorama más complejo y adverso de violaciones a los derechos humanos.

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Refirió que ante el grave problema de violencia de género en nuestro país, las reformas para mejorar el funcionamiento y la eficacia del mecanismo de alerta de violencia de género, la sanción de los feminicidios y la tipificación de la violencia política de género son los pendientes más urgentes a tratar por el Congreso de la Unión.

Adicionalmente, tomando en cuenta las recomendaciones de diversos organismos de derechos humanos, el Poder Legislativo tiene entre sus pendientes: aprobar reformas para sancionar la violencia obstétrica, incorporar a la perspectiva de género en el mecanismo de protección de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, sancionar la violencia escolar contra las niñas y la despenalización del aborto a nivel nacional.

Al tiempo de abolir la detención sistemática de mujeres migrantes, promover la aplicación de medidas no privativas de la libertad para las mujeres que violan la ley, reconocer el matrimonio igualitario en todo el territorio nacional, adoptar medidas para aumentar el acceso de las mujeres al trabajo formal, constitucionalizar el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, cerrar la brecha salarial por razón de género y aumentar los incentivos para que los hombres ejerzan su derecho a la licencia de paternidad.