La Barra Mexicana, del Colegio de Abogados y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México rechazaron la iniciativa impulsada por el senador Ricardo Monreal referente a la "ética profesional de los abogados"; que busca erradicar la corrupción de los juicios de amparo.
El proyecto de decreto busca adicionar el artículo 260 Bis de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política.
El objetivo de la iniciativa es "establecer un régimen sancionatorio hacia quienes ejercen la profesión de la abogacía procesal de manera indebida, al presentar testigos o documentos falsos, entorpecer o distorsionar deliberadamente el proceso jurisdiccional", afirmó la Barra Mexicana en un comunicado.
"Con la iniciativa se pretenden aplicar sanciones administrativas a quienes, entre otros, litigan a través de "conductas indebidas" que afecte el correcto desarrollo del juicio de amparo, sanciones que son inadecuadas e inconstitucionales", refirió.
Y señaló que:
- el Consejo de la Judicatura Federal no es autoridad competente ni idónea para conocer procedimientos sancionadores en contra de particulares que ejercen la profesión de la abogacía en los juicios de amparo, además de que la sanción carecería de medios de impugnación, ello conforme a los artículos 94, párrrafo segundo y 100.
Para el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México es claro que la integridad del sistema judicial de un país depende no solamente de los jueces y magistrados sino de todos aquellos que ejercen la abogacía y se relacionan cotidianamente con dichos funcionarios durante los procesos de impartición de justicia.
- La inhabilitación o suspensión en el ejercicio profesional corresponde a las autoridades jurisdiccionales, no al Consejo de la Judicatura Federal. Es decir, debe llevarse un juicio que resulte en la inhabilitación o suspensión, respetando en todo momento el derecho de defensa y las garantías constitucionales del procesado, la coadyuvancia de los colegios de abogados deberá ser, de darse, respecto del abogado procesado
El Colegio consideró que la iniciativa presentada debe retirarse y en su lugar entrar a un análisis del denominado Proyecto de Ley General de Abogacía existente, que fue enviada el Ejecutivo y elaborada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
