El pasado 10 de septiembre fue presentado ante el pleno del Senado de la República una iniciativa que pretende reformar la Ley de Amparo para sancionar a quienes ejerzan la profesión de la abogacía procesal indebidamente y traten de obtener ventajas procesales al presentar testigos o documentos falsos, entorpecer o distorsionar deliberadamente el proceso.
A la misma se han añadido otras propuestas que quieren que órganos como el Consejo de la Judicatura Federal sancione a aquellos abogados que incurran en prácticas indebidas o en actos de corrupción.
Suele decirse popularmente que los “abogados son un mal necesario”, pero eso no implica que ellos deben conducirse de ese modo; por el contrario, son profesionales que deben destacarse por su ética y efectivamente reprender a aquellos que no lo hagan.
Todo esto ha despertado cierta inquietud en el gremio, debido a que si bien existe unanimidad en el sentido de castigar a los abogados que cometan actos ilícitos y sancionar si no se conducen éticamente, el cómo se hará, quién debe imponer esas sanciones o qué tipo son algunas de las múltiples cuestiones que han surgido al respecto; por ello IDC Asesor Fiscal, Jurídico y Laboral entabló un diálogo con el maestro José Mario de la Garza Marroquín, presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana, quien amablemente compartió algunas reflexiones sobre este trascendental tema para la sociedad.
¿Por qué es importante que los abogados se conduzcan éticamente?
Se tiene que ver el contexto de lo que pasa en México y las mediciones que se han hecho respecto al Estado de Derecho. El World Justice Project presenta a México reprobado en el Estado de Derecho. El Índice de Paz, que también mide la incidencia de conflictos y violencia, lo califica como reprobado. El propio INEGI cuando señala las cifras de impunidad de los delitos que se denuncian también muestra cifras muy negativas. México Evalúa hizo una medición de impunidad y reveló una tasa de 45 por ciento.
Desde mi punto de vista hay una conexión muy clara en cómo opera el Estado de Derecho y la abogacía, es decir, que México tenga un Estado de Derecho fallido o que no funcionen también pasa por ver de qué manera los operadores jurídicos trabajan con el sistema jurídico.
Entonces si se quiere que el país avance en las mediciones de Estado de Derecho necesariamente se tiene que preguntar cómo se puede lograr que los operadores del sistema, que en este caso son los abogados actúen respetando las normas y conduciéndose de una manera de ética.
La importancia de tener un gremio que actúe con bases éticas estriba en que esa es la manera en la que se puede construir un Estado Derecho; para ello hay ejemplos prácticos, como lo es que si una persona se acerca a un abogado para pedir un consejo sobre un problema que tiene, en muchos casos un sector de la abogacía en nuestro país, emite recomendaciones que pueden ser de actos simulados o aquellos que violan el sistema jurídico, actos que no se apegan a las normas éticas y entonces pareciera que la sociedad está buscando ese tipo de abogacía tramposa que pretende no cumplir con la ley.
Hablar de una abogacía ética no es referirse a un concepto en abstracto, es un concepto en la forma en cómo México va a construir un Estado de Derecho; lo hará a partir de una abogacía ética. Si se logra convencer a los abogados de regir su actuación con ética se apuntalará el Estado de Derecho. Si mañana se contrata a un abogado y este plantea soluciones que se basan en un comportamiento ético, entonces se estará construyendo un gremio que ayuda a que el Estado de Derecho avance.
La abogacía en su estado actual no contribuye a que México tenga un Estado de Derecho sólido, fuerte, institucional. No aporta a reducir la impunidad, ilegalidad y las actuaciones ilícitas. No es hablar nada más de los abogados en un mundo abstracto, es hablar de la vida diaria de cómo se comportan estos operadores. México necesita ser un país con un Estado de Derecho y para ello requiere una abogacía ética.
Mientras no se entienda que existe un vaso comunicante entre el Estado de Derecho y la abogacía, entonces vamos a estar pensando siempre en cómo corregir el problema sin pensar en los operadores, que es muy importante que estos entiendan que su comportamiento impacta en el Estado de Derecho. Si tenemos operadores que actúan éticamente, tendremos un Estado de Derecho que funcione. Si se cuentan con operadores que no se comportan éticamente, conllevará a un Estado de Derecho que no sirve.
¿Cuáles son los mecanismos idóneos para regular las profesiones jurídicas?
Se han planteado muchas formas, se podrían resumir en dos. Una ha sido tratar de establecer un sistema de colegiación obligatoria en donde para ejercer la profesión se tendría que pertenecer a un colegio para tener un control del ejercicio ético de la profesión, como se ha hecho en Europa y Estados Unidos, que son los que han adoptado ese sistema.
Hay un segundo sistema de que es la certificación obligatoria, en donde para ejercer la profesión se piden ciertas condiciones como conocimientos, experiencia, aptitudes, educación continua y que si esas aptitudes no se logran demostrar con el paso del tiempo, entonces no se es apto para ejercer la profesión.
En México hay legislaciones locales como la de Jalisco, que contemplan la certificación obligatoria. En algunos momentos se ha intentado introducir la colegiación obligatoria y no se ha logrado, en parte porque hay un sector del gremio que no quiere una regulación, porque se ha visto como una forma de limitar el ejercicio profesional.
Pese a ello, los dos caminos son por un lado la colegiación obligatoria y por otra la certificación obligatoria, que no son caminos contrapuestos son complementarios. Se puede iniciar con la certificación obligatoria y transitar a la colegiación obligatoria. Tener un sistema de colegiación con exámenes que reconozcan los conocimientos. Serían esas las dos vías con las que se puede tener una profesión regulada en nuestro país.
¿Es benéfica la colegiación obligatoria?
Es benéfica siempre y cuando se tengan colegios que funcionen. Me preocupa que el día de mañana se establezca la colegiación obligatoria sin un sistema de colegios que funcione, porque el objetivo de tener colegios de abogados es el control ético de la profesión.
Si va a suceder como con las universidades, que en cualquier momento se pueden abrir y hay más de 1900 que tienen la carrera de Derecho, si así sucederá con los colegios, entonces el fin como tal se perderá.
Al momento no existen las condiciones para afirmar que en todo el país hay colegios que puedan garantizar este control. Claro, están la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México A.C. y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados A.C. que hacen ese control ético, pero si nos fijamos en la cantidad de agremiados que tienen es una muy pequeña comparada con el número de profesionistas que existen en el país.
Por ello, si mañana se establece la colegiación sin unos colegios que tengan esa infraestructura, calidad, institucionalidad y que respeten el control ético, se va a tener el problema de que cualquiera pueda formar un colegio, y sea una ficción porque de manera simulada otorguen el control ético.
Así que es importante precisar que al apoyar la colegiación se ubique muy bien cuáles van a ser los colegios y su operación en México. Yo estoy a favor de la colegiación, pero siempre y cuando se puedan crear colegios; tiene que ser un trabajo a mediano plazo, es decir, una labor que vaya construyendo paso a paso hacia un esquema de regulación de la profesión adecuada.
Hoy no hay condiciones para una colegiación obligatoria y me preocupa que se tenga un sistema que acabe traicionándose a sí mismo y acabará siendo una ficción el estar colegiado.
¿Cómo se debe sancionar el comportamiento no ético de los abogados?
Ya existen algunas sanciones que primero se orientaron mucho hacia la parte penal y no han funcionado; aunque hay disposiciones que contemplan delitos en la práctica no han servido. La sanción debe ir encaminada con limitar el ejercicio profesional por cierto tiempo, es decir, restringir el uso de la cédula profesional o una suspensión definitiva.
Debe existir ese sistema donde la sanción fuera impedir el ejercicio de la profesión y este durase cierto tiempo, dependiendo el tipo de conducta que se imputa. Ese sería el mejor sistema porque de nada sirve encarcelar a los abogados o criminalizar a la profesión.
El Derecho Penal no es para eso, no debe servir para eso. En México se dio esa idea de tener delitos para todo, pero como se ha visto el sistema está rebasado y además con el alto índice delictivo no hay mecanismos ni instrumentos para procesar delitos de abogados. No hay tiempo ni infraestructura ni recursos, por ello la sanción debe ser que se limite por cierto tiempo el ejercicio de la profesión.
También debe verse quiénes tienen que ser los abogados regulados, se partió de aquellos que intervienen en procesos jurisdiccionales, y que sucede con los que se dedican a dar clases, investigar o brindar asesorías; la necesidad de regular no es tan crítica como en un caso de litigio donde hay ciertos valores que deben protegerse (derechos, patrimonio, etc.). Tenemos que hacer la reflexión sobre a quién debemos regular, si a todos o a algunos en particular.
Tal vez un primer paso sería regular a los litigantes como un primer ejercicio, porque de lo contrario se deben regular demasiadas profesiones que lo torna aún más complicada. Esa debe ser parte también de las reflexiones, a quién, para qué los quiero regular y lo que se busca.
Las sanciones van muy vinculadas a que no se pueda acudir ante un tribunal si no se comporta de manera ética a la hora de presentar una demanda o testigos o documentos falsos.
Ese es un análisis que falta, se debe segmentar y no intentar abarcar todo, encontrar los nichos en donde también se protege al justiciable.
Una buena regulación genera acceso a la justicia, seguridad de la persona que está contratando, mecanismos de defensa en caso de una mala práctica. Habría que reflexionar al respecto.
¿Es viable la iniciativa presentada para reformar la Ley de Amparo en ese sentido?
He revisado la iniciativa presentada por el senador Ricardo Monreal y al respecto, se debe aprovechar la coyuntura y el debate que está generando la propuesta. Lo que el senador afirmó fue que se busca sancionar a los malos abogados y establecer un mecanismo para identificar a los que cometan prácticas indebidas.
Como toda iniciativa hay mucho que discutir, hay debates y múltiples puntos de vista; unos señalan que tiene defectos, yo considero que todas las iniciativas son perfectibles, pero más que cuestionar su viabilidad (que ello depende de que siga su proceso legislativo), no se debe considerar a esta como negativa sino más bien darle su justa dimensión, puesto que si hay un senador como lo es Ricardo Monreal, que está buscando una regulación para los malos y buenos abogados, habría que literalmente “tomarle la palabra” y sentarse con él para analizar la iniciativa, ver sus puntos deficientes y rescatables.
Se tiene que sacar ventaja del debate, no cerrar las puertas. La iniciativa debe entenderse como un punto coyuntural de carácter político para ver cómo sí se puede regular. Ya algunos colegios hicieron sus pronunciamientos, y justamente se tienen que retomar esas ideas y acercarse con el senador y su equipo para ver de qué forma se puede regular a la abogacía y aprovechar esa coyuntura.
Sostengo que el senador tiene un punto positivo en el sentido de que a México le urge saber de forma objetiva quiénes son los buenos y los malos abogados y las sanciones. Hay que aprovechar esa coyuntura, que los colegios en tiempos anteriores han buscado y que ahora se está gestando, el senador ya presentó una propuesta es momento de hacerle llegar otras.
¿La legislación actual contempla sanciones al accionar poco ético de los abogados?
Está la Ley de Amparo que ya se comentaba que tiene algunos delitos, las leyes de profesiones a nivel estatal tienen sanciones, pero que en la realidad no son aplicables. Se tiene un conjunto de normas que difícilmente se aplican. Esas normas que hasta cierto punto criminalizan la profesión están rebasadas, tampoco deberíamos recurrir a ellas.
La profesión no debe regularse con delitos sino con profesionalización, con educación continua y compromiso ético y quien no cumpla con esos estándares sancionarlo con la suspensión del ejercicio profesional. La regulación actual es totalmente inadecuada y está superada que por eso no es aplicada por nadie, es letra muerta.
Se debe aprovechar la coyuntura actual para ver cuál es el papel de los abogados en la sociedad. No podemos continuar con una abogacía desarticulada y desordenada. Hay que apostar por una abogacía profesional y una normatividad que nos diga quiénes son los buenos y malos abogados, y eso será en beneficio no solamente del justiciable sino del país en general.
*Nota del editor: las opiniones de los especialistas no necesariamente reflejan la postura de la publicación
