El pasado 23 de enero de 2020 el Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó compartir su base datos biométricos con la Secretaría de Gobernación para la implementación de la Cédula Única de Identidad del Registro Nacional de Población.
“Por ley el INE no puede entregarlos, además, creemos que el nuevo sistema de identificación personal que quiere crearse debe hacerse respetando ese marco legal de protección de datos personales”, afirmó el consejero electoral Benito Nacif.
El propósito de esta colaboración, según el subsecretario de derechos humanos, población y migración, Alejandro Encinas, era garantizar el derecho de identidad, que desde hace más de tres décadas es una tarea pendiente del estado mexicano, a través de la conformación de una única base de datos con la que se identifique a cada persona en el país.
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El debate sobre la legalidad y necesidad de este registro cuenta con la participación de distintos actores detractores y simpatizantes.
La procuración de justicia
Entre los participantes de este dialogo se encuentra el Registro Nacional de Víctimas y la Comisión Nacional de Búsqueda quienes apoyan el proyecto, pues aseguran que hay deficiencias en la infraestructura para la identificación de víctimas lo que entorpece las actividades forenses y la aplicación de la justicia.
Fomento al voto
En 1990 se reformó la Constitución para darle a la credencial de elector el carácter de identificación oficial, en tanto se creaba el Registro Nacional Ciudadano, esta atribución sería temporal pues debía ser sustituido por el régimen de Cédula de Identificación Ciudadana.
Es decir, técnicamente la INE solo debería servir para votar, sin embargo el Director de Registro Nacional de Población (RENAPO), después del 2007, afirmó que la emisión de una cédula nacional de identificación sería contraproducente en la confianza ciudadana, porque se pondría a competir a ambos documentos. La emisión de este documento podría desanimar a la gente a sacar su credencial para votar, porque ya tendría el otro documento de identificación.
"La credencial serviría solamente para eso, para votar, y si fuera para acreditar a la persona, incluiría necesariamente datos biométricos, huella digital, fotografía, firma electrónica".
De ahí que aun con el acuerdo de que el entonces IFE no entregaría sus bases de datos la Secretaría de Gobernación lo ve como algo conveniente que además aprovecharía recursos económicos que ya son entregados a una institución aunque no son destinados únicamente para la procuración de la democracia.
Protección de datos personales
La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) establece que un dato biométrico será personal cuando de manera directa identifique a su titular o lo haga identificable a través de un sistema biométrico y podrá ser considerada sensible, a través de un uso indebido de la misma se puede tener acceso a información privilegiada que pudiera poner en riesgo la seguridad o estabilidad patrimonial o financiera de una persona, lo que le dotaría de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO).
En noviembre de 2010, Manuel Velasco Coello, quien en ese entonces fungía como senador presentó un proyecto de decreto para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Población.
Ello con la finalidad de que Sea la Secretaría de Gobernación quién lleve a cabo el Registro Nacional, pero, seguirá siendo válida la CURP como Cédula de Identificación hasta los dieciocho años.
Posteriormente, aunque los datos del ciudadano sigan incorporados en el Registro Nacional de Mexicanos dependiente de Gobernación y teniendo como base la CURP, el instrumento de identificación se modificará y se cristalizará en la Credencial de Votar con Fotografía que emite el IFE.
Esta propuesta considera que al incorporarse la CURP a la Credencial del IFE, quedan todos los datos previstos por el Acuerdo Presidencial para la emisión de una Cédula de Identificación Oficial.
“Con este procedimiento quedarían salvaguardados los datos personales del ciudadano en el Padrón Electoral y la Secretaría de Gobernación seguiría utilizando su banco de información constituido principalmente por la CURP”.
Ello aunque resuelve el registro de las personas a lo largo de su vida, no resuelve la falta de datos para identificarlos de manera individual.
