Es bien sabido que la discriminación social existe en el país. De acuerdo con la encuesta nacional sobre discriminación de 2017 emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 20.2 % de la población de 18 años declaró haber sido discriminada por su tono de piel, manera de hablar, forma de vestir, creencia religiosa, sexo, edad, orientación sexual o condición de persona.
A lo largo de varios años los diferentes órdenes de gobierno han implementado diversas acciones para erradicar este problema. Parte de estos mecanismos fue la creación del tipo penal de discriminación para castigar a quienes por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de una persona por negarle la prestación de un servicio, derechos laborales o servicios educativos (art. 149 Ter, Código Penal Federal).
A nivel federal y en estados como la Cuidad de México, Puebla, Estado de México, Sonora este ilícito se sanciona con uno a tres años de prisión, mientras que en Quintana Roo la pena máxima es de cuatro años.
Existen otras entidades como Nuevo León que son menos severas con la penalidad, imponiendo de tres meses a un año de prisión, o Jalisco que solo castiga a los responsables con 50 a 100 días de multa o de 30 a 100 jornadas de trabajo a favor de la comunidad.
