Las grandes empresas van a sobrevivir ante la contingencia por el Covid-19, lo que preocupa son las Mipymes, de ahí que la iniciativa privada pida acciones que beneficien la economía y protejan a las empresas más vulnerables, señaló el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El organismo presentó un decálogo para solventar la emergencia, en en el que se destaca la implementación de salarios de subsistencia, mismos con los que trataron de convencer a la autoridad de la conveniencia que todo aquel que se quede sin empleo tenga un sueldo de entre tres mil o cinco mil pesos, pagado una parte por el gobierno y otra por la empresa, para que al menos pueda pasar esta crisis y satisfaga sus necesidades básicas.
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También sugirieron “qué hacer para que las transacciones tengan validez, para darle liquidez a los mercados, para actuar con los bancos de desarrollo, para que el sistema financiero siga operando correctamente, inclusive hemos sugerido medidas para el período de recuperación, que esperamos no exceda a los 60 o 90 días”.
Salazar Lomelín argumentó que incluso se ha hablado de aplicar “una depreciación acelerada”, como lo que ocurrió en el caso de los sismos, pero “en ninguno de estos puntos se pidió la condonación de impuestos o que se modifique la estructura fiscal actual; pedimos plazos y orientación porque las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) están cerradas”.
En ese sentido insistió al SAT para que responda si el 31 de marzo las personas morales tendrán una ampliación para presentar su declaración, o si 30 de abril las personas físicas tendrán nuevos plazos.
Y en caso de que no haya prórrogas para presentar las declaraciones anuales de impuestos, dijo que la autoridad se prepare para dar atención, porque no hay lugares ni siquiera para sacar citas, pues todo está saturado.
No obstante, tras 11 días de haber presentado el decálogo, y aun cuando con la emergencia, cada “minuto y hora alguna actividad económica se detiene con las consecuentes pérdidas, no hemos tenido respuesta”.
Reiteró que el sector empresarial ha apoyado al gobierno y al presidente, pero concede que hay diferencia de opiniones, y en el caso de la planta cervecera cuestionó que se cancele un proyecto “por un puñado de gente”, y con ello se detenga la marcha de un proyecto que tenía valor agregado en beneficio de México.
