Se publicó en el DOF de este 20 de mayo de 2020 un acuerdo por el que se reduce el plazo de respuesta de los trámites que se indican, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios, que aplica la Secretaría de Economía (SE), el cual entra en vigor el 21 de mayo de 2020.
Con la finalidad de propiciar una mejora regulatoria integral que simplifique los trámites que enfrentan los individuos y las empresas, tal como la reducción de plazos para obtener la respuesta de la autoridad a los mismos, se señala que los plazos para emitir respuesta a ciertos trámites son los siguientes:
| Homoclave
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Nombre del Trámite
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Plazo de respuesta
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| SE-01-019
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Registro de la sesión ordinaria anual de la Asamblea General de las Cámaras y Confederaciones
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60 días naturales
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| SE-02-021
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Acreditación de representante legal
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20 días hábiles
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| SE-02-022
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Asociación de un sujeto ya inscrito en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras
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20 días hábiles
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| SE-04-003
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Autorización de patrones nacionales de medición
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65 días naturales
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| SE-04-008
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Autorización para operar como entidad de acreditación
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85 días naturales
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| SE-04-016-A
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Otorgamiento de la autorización para el uso del emblema Hecho en México
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72 días naturales
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| SE-09-023
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Legalización de firma de corredor público
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10 días naturales
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| SE-09-043
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Autorización a las cámaras empresariales para operar el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM)
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45 días hábiles
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Se precisa que la Ley General de Mejora Regulatoria establece que mediante acuerdos generales que publiquen los titulares de los sujetos obligados, en su respectivo ámbito de competencia, en el medio de difusión correspondiente, podrán establecer plazos de respuesta menores dentro de los máximos previstos en leyes, reglamentos o cualquier otra disposición que haya sido emitida por titulares del poder ejecutivo de los distintos órdenes de gobierno.
Se define a la mejora regulatoria como, una política pública que consiste en la generación de normas claras, trámites y servicios simplificados, orientados a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto.
Con lo anterior, se busca impulsar las actividades económicas y con ello promover la calidad en la prestación de los servicios públicos para brindar mayor confianza y certeza jurídica a los particulares.
