El 1o.de septiembre de 2013 entró en vigor la normatividad secundaria de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), para supervisar distintas operaciones que a juicio de la autoridad son susceptibles de ser empleadas para el lavado de dinero.
Dentro del catálogo de actividades reguladas, se consideró como vulnerable a los servicios profesionales en los que se prepare o se lleven a cabo en nombre y representación del cliente cualquiera de las siguientes operaciones (art. 17, fracc. XI, LFPIORPI):
- compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos
- administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes
- manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores
- organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles, y
- constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles
Posteriormente en noviembre de 2016, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través del portal de prevención de lavado de dinero, emitió un comunicado en el que determinó que en términos del precepto 17, fracción XI de la LFPIORPI, los esquemas de subcontratación que encuadren en el artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo son una actividad vulnerable, ya que por medio de estos servicios se lleva en nombre y representación del cliente la administración y manejo de sus recursos.
Lo anterior ha generado incertidumbre en relación con la fecha a partir de la cual debe considerarse al outsourcing como vulnerable ¿desde el 2013 o desde la publicación del comunicado de la UIF?
Hay quienes estiman que la obligación de reportar avisos por esta actividad nace a partir del criterio de la autoridad y no cuando entró en vigor la ley; sin embargo, esta postura podría ser algo riesgosa, tomando en cuenta que la UIF ha sido enfática en regular esta actividad, cuestión que se reafirma con el nuevo criterio emitido el 8 de junio de 2020, a través del cual recuerda que la subcontratación es una operación vulnerable.
Así, se considera que las obligaciones antilavado inherentes a la subcontratación se cumplan desde el 1o. de septiembre de 2013, aun y cuando el criterio de la UIF se emitió hasta 2016; de lo contrario, la UIF en su ánimo de recabar toda la información posible para cumplir con sus objetivos de prevención de lavado de dinero, podría imponer por los avisos omitidos multas de 10,000 y hasta 65,000 veces la UMA ($868,800.00 a $5´647,200.00 para 2020).
Para saber más sobre este tema se invita a leer la nota “¿UIF vs outsourcing?”, disponible en la edición 467 del 15 de julio de 2020, a través de formato digital.
