Un común denominador de esta administración han sido las declaraciones y acciones confusas y las señales negativas que han generado un ambiente de elevada tensión e incertidumbre y el manejo de la crisis sanitaria no ha sido la excepción, afirmó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
A criterio del organismo, el prinicpal factor que determinó el mal manejo de la crisis fue que las autoridades subestimaron sus posibles efectos.
Por lo anterior, aseguró, el país entró a una situación de extrema vulnerabilidad, y en ese entorno el gobierno federal se negó a adoptar acciones y aplicar recursos económicos de apoyo a las personas cuyo empleo peligraba y a las empresas que han ido pasando por fuertes problemas de liquidez que poco a poco se convierten en problemas de solvencia y quiebras y cancelación de fuentes de trabajo.
En los primeros dos meses del segundo trimestre 12 millones de personas dejaron de trabajar; además, la necesidad real de empleos remunerados y de tiempo completo se elevó a 34 millones, después de los casi 13 que se reportaban en marzo. Dentro del empleo formal, los trabajadores más afectados fueron los de menores ingresos. De acuerdo con las cifras de IMSS, el 91% de la reducción del millón de empleados registrados tenían ingresos de hasta dos salarios mínimos.
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"A pesar de la gravedad de la situación, el gobierno federal ha rechazado las propuestas de muchos actores sociales, incluido el sector privado organizado, para apoyar a las empresas -mediante facilidades, no condonaciones- a fin de que pudieran proteger el empleo y evitar que la crisis de liquidez se convirtiera en insolvencia que llevara a la desaparición duradera de muchas fuentes de empleo", denunció.
Todo esto bajo el argumento de que las acciones y recursos del gobierno no se utilizarán para rescatar empresas y que para apoyar al pueblo es suficiente anticipar recursos para algunos programas sociales y avanzar en los proyectos de inversión insignia del régimen -cabe subrayar que los programas sociales no fueron diseñados para hacer frente a esta coyuntura y que la rentabilidad social de las inversiones es dudosa, por decir lo menos-.
El CEESP detalló que la caída anual de la inversión privada en el primer trimestre del 2020 alcanzó 9.8%, la más pronunciada desde la crisis de 2009 y acumuló seis trimestres consecutivos con reducciones anuales.
Al tiempo, en abril el índice de la inversión fija bruta se desplomó a una tasa anual de 37.1%, lo que no sucedía desde 1995, mientras que el indicador de consumo privado en el mercado interno se contrajo a una tasa anual de 22.3% en abril, su mayor baja desde que se inició la publicación de este indicador en 1993.
Derivado de lo anterior, explicó, las expectativas de crecimiento se han deteriorado significativamente. Para al presente año los pronósticos apuntan en promedio a una caída de aproximadamente 9% (los más pesimistas de hasta12%). Es probable que el crecimiento potencial de la economía se reduzca a consecuencia de la profundidad de esta crisis3/, lo que impedirá una recuperación pronta y significativa.
"Cada vez se ve más factible que para el 2024 no se alcance a recuperar el nivel del PIB del 2018", advirtió.
Asimismo, para el 2021 se anticipa un repunte de la actividad económica que, como ya se señaló en este espacio, responderá principalmente a un efecto prácticamente automático, de “rebote”, y no a una mejora estructural duradera en la actividad productiva. Sin un proyecto o conjunto de políticas y medidas congruentes que generen certidumbre y confianza para la inversión y el consumo, será difícil retomar una tasa de crecimiento al menos similar a la observada antes del comienzo de esta administración.
"En este contexto, que adolece además de falta de reglas claras y ausencia de estado de derecho, y con violencia e impunidad, es muy factible que al concluir este sexenio se hayan agudizado la mayoría de los problemas que aquejaban al país en 2018. Por ahora las señales van en esa dirección", sentenció el CEESP.
En ese sentido, el organismo destacó que es necesario mantener la atención en la gravedad del estado de la economía y la salud y exigir correcciones.
