La corrupción es uno de los temas más preocupantes de nuestro tiempo. Aumenta la pobreza y la inestabilidad política, entorpece el crecimiento económico sostenible de los países. Fomenta la competencia desleal en todos los sectores de la sociedad.
Es preocupante la normalización de conductas (conscientes o inconscientes) de corrupción entre particulares o con el gobierno al efectuar negocios premiando y en ocasiones enalteciendo las habilidades de los negociadores al conseguir determinado “acuerdo” a cambio de beneficios que tarde o temprano dañaran a la sociedad en su conjunto.
En nuestro país la corrupción contribuyó a la muerte de personas inocentes al quedar al descubierto las omisiones y permisibilidad de actividades que facilitaron el colapso de inmuebles en los pasados eventos naturales ocasionados por los sismos de junio y septiembre de 2017. En donde el gobierno, los empresarios y los ciudadanos tienen responsabilidad al participar directa o indirectamente en las actividades comerciales relacionadas a la construcción de estos inmuebles.
La aplicación de principios y valores contribuyen de manera directa y decisiva a efectuar negocios libres de cualquier acto de corrupción.
Para contribuir a la solución de este flagelo, el mundo de los negocios ha asumido un papel esencial al combate frontal de la corrupción. Los gobiernos han modificado sus leyes en la materia para sancionar las conductas que la fomentan. Las organizaciones empresariales han emitido códigos de buena gobernanza y de conducta que buscan desinhibir los actos de corrupción en los negocios.
Las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales cada día tienen mayor participación activa en aras de erradicar estas conductas. Por supuesto, los gremios de profesionales y profesionistas que se dedican a dar servicios de asesoría o consultoría de negocios están haciendo lo propio.
Dentro de estas acciones de regularización de conductas destaca el gobierno corporativo de las empresas. Quien no solo garantiza la viabilidad y permanencia de las mismas por generaciones. Sino que también, contribuye al cambio de mentalidad y conductas de las personas.
Uno de los pilares en los que sustenta esta profesionalización es el código de conducta, ahora conocido como código de integridad y ética empresarial.
Este código establece la actitud, las normas y los riesgos que deberán evitar las personas al hacer negocios. Un ejemplo de ello, es no permitir operaciones simuladas de negocios, cuyo propósito fundamental sea evadir el pago de impuestos o efectuar fraude a las finanzas públicas o más aun, transferir el costo a los consumidores mediante el incremento de los precios a sus productos o servicios por los montos que pagan por concepto de sobornos tanto a particulares como a funcionarios de gobierno.
Hechos
El gobierno mexicano con el propósito de contribuir a generar un ambiente de negocios libre de corrupción e impunidad ha legislado sobre las sanciones a las que se harán acreedores quienes realicen actividades que fomenten o se beneficien de actos de corrupción.
En el caso de las personas morales el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su establece la responsabilidad penal para estas personas, cuando se demuestre que han permitido por acción u omisión actividades delictivas por parte de sus integrantes.
La Ley de Responsabilidades Administrativas hace lo propio al sancionar la comisión de actos de corrupción en las que participen las empresas directamente por acción u omisión. Estableciéndose en ambos casos, que las personas morales podrán demostrar que no son responsables de las conductas delictivas de sus integrantes (personas físicas) si demuestran que cuentan con un programa de integridad y controles anticorrupción.
Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial ha emitido e impulsado entre la comunidad de negocios del país la aplicación del código de principios y mejores prácticas de gobierno corporativo; así como, el código de ética e integridad empresarial con el objetivo de generar una cultura de profesionalización y legalidad en la actuación, dirección y control de las empresas.
Las grandes empresas (casi siempre, trasnacionales) han establecido como requisitos indispensables para efectuar negocios con otras empresas (pequeñas y medianas) la adopción y aplicación de códigos de buena gobernanza, de ética e integridad empresarial que les permita cumplir con su filosofía corporativa de responsabilidad social empresarial, generando con ello valor agregado para los consumidores finales de bienes y servicios en su cadena productiva.
Los profesionales de la contaduría pública del país también han contribuido a estos esfuerzos al implementar la norma de control de calidad, misma que permite participar en la elaboración de la política de integridad, la prevención de fraudes y de lavado de dinero. Así como, certificar a los profesionales en estas últimas actividades.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores en aras de fortalecer sus controles y dar atención a las recomendaciones de los organismos internacionales que regulan estas actividades ha creado la figura de oficial de cumplimiento para este sector financiero.
Recientemente el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales han reconocido la figura de oficial de cumplimiento en materia aduanera, cuyo fin principal es dar cumplimiento a la normativa en materia de comercio exterior.
Las grandes empresas cuentan con una persona o grupo de personas encargadas de dar cumplimiento a las disposiciones legales y administrativas de cada país y de cada sector en el que participa su cadena productiva a la que le han denominado “Compliance Officer“ (oficial de cumplimiento). Dependiendo o reportando este último, directamente a uno de los comités que para tal efecto ha establecido su consejo de administración.
Es innegable que todos y cada uno de los esfuerzos por parte de los participantes mencionados, tienen como propósito profesionalizar las actividades de dirección de negocios, generar ambientes limpios de corrupción y fomentar la cultura de la legalidad. Sin embargo, estos esfuerzos deben estar alineados y coordinados. Todos buscan el mismo fin, pero en la implementación de su objetivo en particular se corre el riesgo de entorpecer la operación de los negocios particularmente en las pequeñas y medianas empresas.
Debe existir un área dentro de las empresas que lleve a cabo la prevención, la detención y la corrección de fallas de cumplimiento en las leyes que les apliquen, en las regulaciones especiales que tengan de acuerdo al sector al que pertenezcan, y en sus códigos de buenas prácticas corporativas, sin que esta área se aleje de la estrategia del negocio y su actuar fortalezca la filosofía corporativa de la empresa; así como también, fortalezca su compromiso con la responsabilidad social.
En la pequeña y mediana empresa no es fácil implementar, estructurar y consolidar gobiernos corporativos y políticas de integridad. La mayoría de los socios, dueños y directivos no se atreven a dar el paso a la transformación y consolidación de su negocio. Especialmente, cuando su sistema personal de creencias (valores y principios) no son “compatibles” con las normas que regulan sus “hábitos de trabajo” dentro y fuera de las organizaciones.
Por último y no menos relevante, los prestadores de servicios de asesoría o consultoría no viven y mucho menos interiorizan su gobierno corporativo y política de integridad. En algunos casos (la mayoría) sus firmas de consultoría no cuentan con estas estructuras.
Conclusión
Cuando las mejores prácticas de gobernanza y la conducta de los integrantes formen parte de la estrategia de negocios en las empresas, no sólo se logrará combatir la corrupción e impunidad, sino que también México logrará mayor competitividad que se traducirá en un incremento de la economía por la adopción de estas normas.
Mientras la estructura mental de los tomadores de decisiones en la pequeña y mediana empresas no evolucione, seguirá siendo factor determinante que no permitirá la profesionalización de sus negocios.
Dirigir en los negocios implica desilusionar a unos cuantos en aras de buscar el beneficio de todos los integrantes de la empresa tanto internos como externos. Generalmente esos cuantos son los grupos de personas más cercanos (familia, socios y colaboradores de confianza) que obstaculizan el proceso de implementación del gobierno corporativo e integridad empresarial.
Se debe tener cuidado especial al promover la figura del oficial de cumplimiento (Compliance Officer) bajo la premisa primordial de ser la persona que velará por los intereses patrimoniales de la empresa y del empresario al hacerse cargo del cumplimiento de normas que eviten la comisión de conductas delictivas por acción u omisión enfocadas a materias administrativas o penales.
Es cierto, que en esta persona, grupo de personas o área de la empresa (según el tamaño de la misma) recaerá esta responsabilidad. Sin embargo; su efectividad y eficacia dependerá de la profesionalización e institucionalización de la empresa y de sus directivos. Un excelente inicio para este propósito es la implementación de la política de integridad que señala el artículo 25 de la Ley de Responsabilidades Administrativas conocida como ley 3 de 3.
El gobierno corporativo e integridad empresarial implica y conlleva vivirlo día con día. Es un estilo de vida, no se puede dar lo que no se tiene.
La manera de hacer y administrar los negocios en el mundo hoy día, se encuentra regulada por la integridad. Un mercado en el que todos los involucrados interactúen bajo estándares éticos va a permitir mayores oportunidades de negocios en beneficio del país y de los consumidores.
