El pasado 5 de agosto, en medio de la pandemia, el Congreso local convirtió a Oaxaca en la primera entidad en prohibir que se le venda, regale, distribuya o que se promocionen productos no saludables, como aquellos con alto contenido calórico, así como bebidas azucaradas, a menores de edad.
A partir de esa fecha, según la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), los Congresos estatales del país, a excepción de Nayarit, han buscado ir en este camino (ya se encuentran los diputados locales elaborando las iniciativas en mesas de trabajo y comisiones, o ya las presentaron en los plenos estatales); de ahí destaca Tabasco, que fue la segunda entidad en aprobar esta ley.
“En todos los casos son propuestas de Morena”, explicó el presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex, Reginaldo Esquer Félix, quien añadió que éste es el peor momento para tomar esta decisión, “la pandemia ha generado 1 millón 100,000 de desempleados y la mortandad de 500,000 empresas formales, tienes una economía en picada”.
Precisó que la Coparmex está desarrollando un estudio para conocer el impacto económico que causaría esta ley; como primer resultado dijo que a nivel nacional se perderían 300,000 empleos adicionales a los que ya se han registrado por la contingencia sanitaria, de ellos, 130,000 serían en Ciudad de México.
Para el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño Servicios y Turismo de Oaxaca (Canacope), Salvador López López, la implementación de esta medida preocupa porque no sólo generará daños económicos, (estima que de los 58,000 micronegocios en la entidad, 60% no va a sobrevivir por la prohibición, además de calcular una pérdida inicial de 96 millones de pesos), sino que “refleja que la Iniciativa Privada ya no tiene voz para la discusión y aprobación de leyes”.
“Estamos en contra de este decreto que se aprobó en Oaxaca, dado que no dio oportunidad a todos los sectores, a todas las organizaciones y cámaras empresariales para que conocieran nuestros puntos. Para nosotros es muy importante la salud de los niños, pero en el caso de esta ley es una propuesta que debió haber sido integral”, destacó.
Por su parte, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Tabasco, Carla Morales Ariza, puntualizó que antes de aprobar la ley en la entidad primero era fomentar un diálogo en parlamento abierto con el sector empresarial para que así se atendieran “los problemas de salud de la población y se buscaran soluciones integrales sin afectar las economías regionales y el sustento de miles de familias tabasqueñas que laboran en las cadenas de producción alimentarias”.
Preocupación
Otro de los argumentos que se suman a que no es el mejor momento de aprobar este tipo de leyes, es que esto alentará la recuperación económica de las entidades, afirmó el presidente de la Canacope de la Ciudad de México, Eduardo Daniel Contreras Pérez.
“Sería casi imposible ver una recuperación económica a corto plazo. Va a crecer la clandestinidad y el comercio ilegal, muchas tiendas van a tener ventas irregulares. Se tiene que replantear y formular mejor, la prohibición no es el camino”, sostuvo.
Destacó que 40% de las 121,883 pequeñas empresas capitalinas dedicadas al comercio minorista de abarrotes no sobrevivirán si se aprueba la ley; en total generan 900,000 empleos.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) Mérida, Michel Salum Francis, indicó que “vamos a seguir viendo un alto índice de desempleo, una mayor informalidad. Ése es el mensaje que estamos dando en plena crisis sanitaria y económica, alejamos la llegada de inversiones”.
Mientras el presidente de Coparmex, Chihuahua, Jorge Cruz Camberos, aseguró que a la Iniciativa Privada sí le preocupan los niños y la relación que hay entre los problemas alimenticios con la tasa de mortalidad en la pandemia, pero también pidió que las autoridades estatales le otorguen más tiempo a las empresas para recuperarse económicamente; “las más afectadas son las mipymes, que son la base de toda economía”.
El presidente de la Canaco Tijuana, Jorge Macías Jiménez, explicó que además de lastimar a la cadena de valor que fabrica y vende productos, también se afecta al sector agroindustrial, ya que muchos productos chatarra están elaborados a partir de maíz, papas, caña de azúcar, entre otros.
Para los legisladores es el mejor momento
Legisladores locales aseguraron que precisamente por la pandemia y la tasa de letalidad que se ha presentado, es el momento idóneo para ir por la regulación, e incluso por la prohibición, de venta de productos chatarra para menores de edad, sin embargo, para que se aplique de manera correcta, indicaron que se debe tomar en cuenta al empresariado.
Después de que Oaxaca y Tabasco se convirtieran, a través de iniciativas presentadas en los Congresos locales, en los primeros estados del país en prohibir que se les vendan productos con altas concentraciones de azúcares, sales y grasas a los niños, varias entidades del país han buscado replicar las iniciativas.
Al respecto, el diputado local del Congreso del Estado de México, Faustino de la Cruz, explicó que se han presentado estas iniciativas en los diferentes estados de la República porque responden al hecho de que en esta pandemia los mexicanos han mostrado mayor vulnerabilidad ante el Covid-19, originado principalmente por una mala alimentación y la relación que hay con padecimientos como la diabetes.
Reiteró que lo que buscan como legisladores locales es que se fomente una cultura de prevención, ya que la pandemia actual puede ser precursora de sucesos a futuros, además de que si se hubiera tenido una mejor educación alimenticia el número de decesos en la contingencia sanitaria sería menor.
“Tenemos que empezar con los infantes, empezar a controlar todo aquello que tiene un alto contenido de azúcares, de sodio, de grasas, harinas. También debemos verlo desde un marco de educación, desde las escuelas y familias se deben plantear los cambios en los hábitos alimenticios”, dijo.
El legislador mexiquense señaló que para tomar esta decisión se deben escuchar a los empresarios, por lo mismo, aseveró que promoverán mesas de diálogo para que éstos den sus posturas.
Por su parte, el diputado local de Quintana Roo, Edgar Gasca Arceo, quien presentó la primera iniciativa en la entidad que busca regular el consumo de comida chatarra, señaló que “por la pandemia es el momento idóneo para discutir” y más si se busca cuidar la salud de los niños, los cuales han resultados afectados por la contingencia”.
“Ocupamos el primer lugar a nivel mundial de obesidad infantil y el segundo en adultos, queda claro que en cuanto a esfuerzos educativos y de salud no han dado los resultados”, sostuvo.
Sin embargo, reconoció que para el caso que se aplicó en Oaxaca se excluyeron a los empresarios, por lo que se pretende no replicar esta situación.
Dentro de las acciones que van a desarrollar para regular los alimentos chatarra en Quintana Roo, Edgar Gasca puntualizó que crearán diferentes mesas de trabajo con la participación de empresarios, académicos y padres de familias, que serán transmitidas en vivo en las plataformas digitales del Congreso local.
“Hoy muchos estados pueden estar levantando la mano, con el interés de reformar sus leyes locales. Lo que sí puedo asegurar, que lo que sí va a pasar en Quintana Roo, que no se ha hecho en otros estados, es platicar con todos los actores políticos y sociales para hacer una reforma que pueda ser ejemplo a nivel nacional y un referente para que los otros estados puedan copiarla en su momento”, sentenció.
Resaltó que dentro de la reforma que están preparando es lograr que las escuelas de Quintana Roo cuenten con nutriólogos.
*Con información de El Economista
