Esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa para modificar la ley aprobada en la reforma energética
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) estiman que la propuesta de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica producirá una electricidad más cara.
Esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa para modificar la Ley de la Industria Eléctrica aprobada en la reforma energética, con lo que pretende establecer como obligación los límites a la generación de electricidad privada y la dominancia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Para el CCE "la iniciativa intenta impedir, arbitrariamente, la competencia en el sector eléctrico nacional, violando los derechos básicos de la libre concurrencia y la certeza jurídica".
Pues de acuerdo con el organismo:
- abre las puertas a una expropiación indirecta de las plantas privadas al cambiar el marco legal para generar un monopolio de la CFE en el despacho de electricidad. Además de un potencial de violar lo establecido en la Constitución
- atenta contra los compromisos adquiridos bajo tratados internacionales, tanto en acuerdos comerciales como en protección de inversiones y del medio ambiente, como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 impulsada por la ONU y el Acuerdo de París. Esto generará que las empresas afectadas inicien procesos de paneles, arbitrajes internacionales y denuncias ante diversos tratados
- viola la no retroactividad de la ley, dado que ninguna norma puede ser ejecutada de forma retroactiva en perjuicio de un particular. Esto tendrá un alto impacto en inversiones ya realizadas por empresas nacionales y extranjeras, por lo que implicará indemnizaciones del Estado a dichas empresas
- contraviene las garantías de certeza jurídica, de debido proceso y de contratación pública. Este acto de autoridad modificaría, de manera unilateral, los derechos de los particulares para cancelar permisos, renegociar o terminar anticipadamente contratos públicos. Va en contra de lo resuelto por el propio poder judicial federal, ya que retoma las prioridades del pliego petitorio que la CFE presentó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en 2019
En ese sentido, solicitaron al poder legislativo a una "reflexión profunda y a rechazar esta iniciativa, que afectaría gravemente a México, aumentando los precios de productos y servicios, y provocando una mayor caída en la inversión nacional y extranjera".
Por su parte, la Concamin señaló que la iniciativa codificaría en ley ventajas artificiales e indebidas para la CFE, permitiéndole desplazar a sus competidores aun cuando su energía producida sea más cara y contaminante.
Aseguran que "con esta iniciativa, se quebranta además la promesa del presidente López Obrador de no reformar el marco jurídico del sector energético durante los primeros tres años de su administración".
Por lo que llamaron a rechazar la iniciativa, pues de aprobarse, "dada la ilegalidad de ésta, condenará a México a vivir en litigios nacionales e internacionales, frenando la tan necesaria inversión que el país requiere".
