El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) realizó un análisis sobre las acciones regulatorias, legales y de política pública que ha realizado la actual administración para cerrar la puerta a la iniciativa privada en la generación eléctrica.
Esto luego de que el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, argumentó que las empresas privadas se benefician indebidamente a costa de la empresa propiedad del Estado.
Desde el inicio de la administración actual se ha dado un cambio de política pública y del discurso político que tiene como objetivo limitar los mercados en el sector energético, reducir la participación del sector privado y beneficiar a las empresas productivas del Estado.
El Imco concluye que revertir la apertura en el sector eléctrico tiene consecuencias altamente negativas para los costos de generación eléctrica, el medio ambiente, la transición energética, las finanzas públicas, el clima de inversión y tratados internacionales, así como para la propia CFE.
“Cerrar la puerta a la energía eléctrica del sector privado afecta la competitividad del país”, indicó el instituto.
Estas son las implicaciones legales y regulatorias que destacan en la reforma del Gobierno federal para favorecer a la CFE a costa de los inversionistas privados:
Mayores costos de generación. Adquirir energía eléctrica de privados con costos significativamente menores a los de la CFE genera ahorros a la empresa. En 2020, el costo promedio de generación eléctrica de las energías renovables a partir de las subastas de largo plazo fue de 401 pesos por megawatt-hora, comparado con 1,413 pesos por parte de las centrales de la CFE.
Presión a las finanzas públicas. El subsidio a las tarifas de suministro básico en 2021 será de 70,000 millones de pesos.
Daño al medio ambiente. En el Acuerdo de París, México se comprometió a generar el 35% de su electricidad a partir de fuentes limpias para 2024. Las medidas para beneficiar las plantas de combustibles fósiles de la CFE hacen a este objetivo inalcanzable.
Afecta el clima de inversión y tratados internacionales. Beneficiar solo a la empresa productiva del Estado, afecta los escenarios posibles, además de que el crecimiento económico y el clima de inversión se verán negativamente afectados.
“Las acciones del Gobierno federal pretenden la eliminación de las condiciones de competencia para favorecer a la CFE, sin embargo, esto no necesariamente la fortalece financieramente. Por el contrario, en un ambiente competido sería imposible ignorar las ineficiencias de la CFE”, refirió.
