La Comisión Europea propuso un marco para la creación de la conocida “identidad digital europea”, la cual se otorgará a todos los ciudadanos, los residentes y las empresas en la Unión Europea (UE).
Dicha identidad se traduce en una “cartera” que la ciudadanía podrá utilizar para acreditar su identidad y compartir documentos electrónicos por medio de un “botón en el teléfono”. Su reconocimiento será en todos los países integrantes de la UE.
Las carteras digitales podrán relacionar las identidades digitales nacionales con otros certificados como lo son permisos de conducir, titulaciones, cuentas bancarias, entre otros. Los Estados miembros podrán proporcionar esas carteras tanto a administraciones públicas como a entes privados.
Las plataformas de las grandes corporaciones y de los organismos públicos estarán constreñidos a permitir el uso de carteras de identidad digital a petición del usuario para diversos trámites, como es acreditar la edad o el nombre.
Se ha hecho mucho énfasis en el hecho de que serán las personas quienes decidirán qué uso le dan a la cartera digital y cuánta información quieren compartir y con quién y para qué fin.
El objetivo de la cartera es que pueda usarse para alquilar un inmueble, abrir una cuenta bancaria fuera del país de origen, facturar en establecimientos, declarar impuestos, realizar trámites académicos o universitarios o rentar un vehículo, entre otros. Se pretende facilitar las relaciones entre ciudadanos y las administraciones de los diferentes países que conforman la UE.
Habrá que estar pendientes de su desarrollo y posterior implementación y en especial, de los beneficios y riesgos que pudiera llegar a desentrañar.
