El fondo de reserva legal es una partida con la que deben contar las sociedades mercantiles, excepto la sociedad por acciones simplificada. Su propósito es ser una guarda de las compañías para que enfrenten cualquier eventualidad que pudiera surgir.
De acuerdo con los artículos 20, 21 y 22 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), debe estar integrada como mínimo por el importe que represente la quinta parte del capital social, pudiendo fijarse un porcentaje mayor en los estatutos.
Para llegar a este monto, es necesario cada año que la entidad arroje utilidades se separe el 5 %, pero ¿qué pasa si se omite esa separación?
Al ser una partida obligatoria, la LGSM sujeta la distribución de dividendos a su separación, y en caso de omitir integrarla imputa responsabilidad ilimitada y solidaria a los administradores responsables de crearla, forzándolos a entregar a la compañía una cantidad igual a la que debía separarse.
Las personas legitimadas para exigir dicha responsabilidad son los socios o cualquier acreedor de la sociedad, quienes podrán demandar su cumplimiento en la vía sumaria.
