Una de las principales condiciones para facilitar la creación de nuevas empresas y que, junto con las existentes, operen de manera satisfactoria es contar con un marco regulatorio y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), México ha mostrado algunos retrocesos al respecto.
Un análisis realizado por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) refirió que la encuesta refiere que el 28.2% del total de las unidades económicas consideró el marco regulatorio existente como un obstáculo para el logro de sus objetivos de negocios, porcentaje que supera el 20.2% reportado en la primera edición de la encuesta en 2016.
La encuesta también señala que solo 6.9% del total del total de unidades económicas del sector privado en 2020 tuvieron conocimiento o hicieron uso del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).
"La limitada información y conocimiento de las herramientas con que se puede contar puede ser una limitante significativa para emprender alguna actividad productiva nueva. Además, prácticamente no existen SAREs certificados por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) que garanticen un proceso sencillo y ágil en la mayoría de las entidades federativas y municipios del país. Es importante y en estos momentos hasta urgente que la CONAMER y la Secretaría de Economía promuevan activamente ese instrumento", destacó.
Explicó que más allá de las complicaciones administrativas, el costo monetario que representan continúa elevándose y constituye un obstáculo evidente para un mejor ambiente de negocios.
A detalle,
en 2020 los costos monetarios para el cumplimiento de las regulaciones ascendieron a 238 mil millones de pesos (mmp), cifra equivalente a 1 punto del PIB. En 2016 estos costos sumaron 115.7 mmp y representaron 0.56% del PIB.Por otro lado, señaló que que las autoridades locales crean trámites para obtener recursos ante presuntos recortes presupuestales, lo que inhibe la creación de nuevos negocios y reduce la competitividad del país, sobre todo en el mediano y largo plazos.
"Es bien sabido que la mala regulación está asociada con la ineficiencia de las instituciones públicas y que el exceso de regulaciones es una inclinación frecuente de las burocracias. Todo ello tiene fuertes impactos en la sociedad. Causa retrasos en la atención a los negocios y mayores costos directos e indirectos para ellos; muy importante, fomenta la corrupción mediante pagos irregulares o tráfico de influencias para agilizar los trámites; hace al ciudadano incurrir en costos, monetarios o de oportunidad, innecesarios; y propicia la captura de las actividades propias del Estado por parte de grupos de interés", explicó.
