La coyuntura pone en riesgo la participación del pilar principal de la recuperación, advirtió el organismo
El hecho de que el presidente sea incisivo en sus discursos con que la iniciativa privada (IP) son sus adversarios constituye sin duda un riesgo importante en el mediano y largo plazos para la inversión y el crecimiento económico y consecuentemente para el bienestar de los hogares del país, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
Explicó que en las economías más avanzadas, donde predomina el mercado como mecanismo de asignación de recursos bajo una regulación compatible con el mismo, la generación de riqueza, empleo y bienestar tiene su origen mayoritariamente en el sector privado.
Por lo que es indispensable que el entorno le permita llevar a cabo más eficientemente su actividad. Finalmente, de ello depende el bienestar de la población. 83.3% del total del Producto Interno Bruto (PIB) del país tiene su origen en el sector privado, que a su vez aloja al 84% del total de los puestos de trabajo en el 95% del universo de empresas en el país.
"El sector privado es también la principal fuente de ingresos recurrentes del sector público. Es decir, es el proveedor principal de recursos para que el gobierno cumpla con sus obligaciones con la población", agregó.
Hasta ahora la estrategia política de división de la sociedad ha resultado favorable para la popularidad del régimen, pero los resultados en materia económica y social han sido negativos. Esto se comprueba con los datos oficiales y ha sido señalado en este espacio y por parte de numerosos analistas profesionales, mencionó.
Corrupción aún a la cabeza
México está muy abajo y ha perdido posiciones en el Índice de Estado de Derecho elaborado por el World Justice Project en 2021. Entre 139 países, ocupó el lugar 135 como uno de los países más corruptos; el lugar 130 como uno de los más inseguros; y el 129 como uno en donde la justicia penal es menos eficaz. En materia regulatoria se ubicó en la posición 105 como un país en donde las regulaciones se implementan y se hacen cumplir de manera menos justa y efectiva.
En adición de los ataques a diversos grupos sociales, inevitablemente incluyendo buena parte de inversionistas nacionales y extranjeros y a organismos del Estado independientes que cumplen con su misión, en días recientes el gobierno ha optado por agredir garantías individuales.
En respuesta a revelaciones acerca de conflictos de interés en su familia inmediata, el presidente ha actuado contra los medios de comunicación y periodistas, violando preceptos legales incluidos en la Constitución, la Ley General de Protección de Datos Personales, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código Fiscal de la federación.
Más aún, en la cámara de Diputados, mediante la aprobación reciente de un dictamen de reforma a la ley de instituciones de crédito, el partido en el poder le ha dado a la secretaría de hacienda, a través de la unidad de inteligencia financiera (UIF), la facultad de bloquear cuentas bancarias de personas físicas y morales bajo sospecha, sin una orden judicial. Esta aprobación sigue a la del Senado y viola los derechos humanos y las garantías constitucionales de debido proceso, presunción de inocencia y seguridad jurídica.
Así, ante cuestionamientos de sus críticos el gobierno y su partido reaccionan vulnerando las garantías individuales. Ello agudiza el ambiente de falta de claridad del estado de derecho e incertidumbre que mantiene la “cautela” de los inversionistas, prolongando la atonía económica e impidiendo la reactivación del empleo productivo.
