Con la intención de identificar a personas que cometen los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo las autoridades de diversos países han buscado poner reglas cada vez más estrictas.
México no es la excepción de esto y especialmente en el sistema financiero las reglas son cada vez más rigurosas, explicaron especialistas de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Asofom) durante la inauguración del seminario “Frente Financiero Antilavado 2022”.
Pero, tanto el lavado de dinero como el financiamiento al terrorismo son conceptos diferentes, que aunque están regulados en la misma ley, no suceden de la misma manera.
En la primera parte del seminario, el director general de Briupec Consultoría, Teodoro Briseño detalló que:
- lavado de dinero, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales (siendo las más comunes, tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución, extorsión, piratería, evasión fiscal y terrorismo).
En ese sentido, Briseño, reveló que en nuestro país en contrabando de armas es la fuente más común. El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero
- financiamiento al terrorismo, de acuerdo con el mismo organismo, significa la aportación, financiación o recaudación de recursos o fondos económicos que tengan como fin provocar alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación
Identificar estos conceptos es importante en la relación entre financieras y dinámicas; no obstante, Briseño insistió que es aún más relevante que cuenten con políticas y procesos adecuados, incluidas estrictas reglas de debida diligencia con la clientela (CDD), para promover normas éticas y profesionales de alto nivel en el sector financiero e impedir que el banco sea utilizado, intencionalmente o no, con fines delictivos.
