En 2021 en materia de corrupción México se ubicó en el lugar 135, después de perder 33 lugares en los últimos cinco años
La facilidad con que quienes atentan contra las leyes se libran de enfrentar algún castigo, es decir, la impunidad y la fragilidad del estado de derecho, resulta en inseguridad física, patrimonial y baja productividad que inhibe el progreso económico y social, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
"El problema ha alcanzado relevancia en la agenda mundial, por lo que la importancia de evaluar su situación para proveer información que contribuya a su combate es fundamental", indicó.
Refirió que de acuerdo con el índice de la presencia del estado de derecho, del World Justice Project (WJP), en 2021 México se ubicó en la posición 113 de un universo de 139 países, después de un importante deterioro en los últimos años. De 2017-2018 al de 2021, perdió 21 posiciones en materia de estado de derecho.
A detalle, en materia de corrupción México se ubicó en el lugar 135, después de perder 33 lugares en los últimos cinco años. En justicia civil, orden y seguridad perdió 31 posiciones para ubicarse en las posiciones 131 y 130, respectivamente. En cuanto a justicia criminal ocupó el lugar 129 tras perder 24 lugares.
"La debilidad del estado de derecho en México es evidente, permitiendo que temas como la impunidad, inseguridad y violencia suman a la sociedad en un ambiente de temor", subrayó.
Por su parte, en el Índice de Paz Global elaborado por el Instituto para la Economía y La Paz, México aparece como uno de los países más violentos al ocupar el lugar 137 entre 163 países.
Asimismo, el CEESP lamentó que esta situación contrasta con el discurso de las autoridades que insiste en subrayar la eficacia con la que se atacan los elevados niveles de inseguridad y delitos. Para ello se utilizan periodos de comparación que sugieren resultados positivos a fin de crear una percepción de éxito en la llamada “estrategia” en la materia.
Indicó que la arbitrariedad en el manejo de los recursos públicos, la discrecionalidad en la asignación de proyectos de inversión en infraestructura, los problemas recurrentes de seguridad pública, de salud e incluso de educación son inquietantes para la sociedad. Esto es lo más importante, pero también para la certidumbre y confianza. Ello inhibe la inversión productiva y limita el crecimiento de la economía y por consecuencia, la generación de nuevos puestos de trabajo mejor remunerados.
"Un estado de derecho efectivo reduce la corrupción, combate la pobreza, la inseguridad y protege a las personas de las injusticias. Representa una base sólida para un ambiente de paz, de oportunidades y equidad. Sustenta el desarrollo, el gobierno responsable y el respeto de los derechos humanos fundamentales. La mejoría en el estado de derecho en el país es ciertamente una obligación del gobierno. Es un derecho de la sociedad que contribuye para ello y es un ingrediente indispensable para asegurar reglas claras para la inversión, que es la única vía para lograr una reactivación sólida de la economía", concluyó.
