Contar con poderes legislativos estatales profesionales y transparentes es esencial para la competitividad de los estados
Los poderes legislativos no solo importan para redactar o desechar leyes: sus responsabilidades incluyen aprobar y modificar los presupuestos estatales, auditar el destino de los recursos públicos y llamar a rendir cuentas a quienes excedan los límites presupuestales. Las auditorías, en particular, son relevantes porque vigilan el ejercicio del gasto público y su transparencia, explicó el Insituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
No obstante, en 2022 el presupuesto de las 32 auditorías estatales asciende a 5,281 millones de pesos (mdp), 10% mayor que en 2021 en términos nominales. Esto significa que los poderes legislativos estatales destinarán en promedio un 27.5% de su presupuesto a sus auditorías.
Además, advirtió, en las cifras anteriores se presentan importantes asimetrias; en términos absolutos, la auditoría con más recursos será la de la Ciudad de México (673 mdp), seguida por Jalisco (326 mdp) y San Luis Potosí (300 mdp). Por otra parte, Baja California Sur (33 mdp), Morelos (34 mdp) y Colima (38 mdp), serán los que menos recursos destinarán.
Lo mismo pasa con los congresos, detalló el IMCO; en 2022 el presupuesto de los 32 congresos locales asciende a 13,900 millones de pesos, una cantidad 0.3% menor en términos nominales respecto a 2021.
Los congresos estatales con más presupuesto en términos absolutos son los de la Ciudad de México (1,600 mdp), el Estado de México (953 mdp) y Michoacán (934 mdp). En contraste, los congresos con menor presupuesto son los de Colima (115 mdp), Yucatán (140 mdp) y Tamaulipas (194 mdp).
"No hay justificación para el tamaño de las asimetrías de presupuesto a los congresos. Mientras que el presupuesto del congreso de Nuevo León para 2022 es de 400 millones de pesos, el congreso de Michoacán, un estado con menor población y Producto Interno Bruto, costará 933 millones de pesos a sus habitantes", subrayó.
Ante este panorama, propuso:
- Establecer que al menos 20% del presupuesto del Poder Legislativo se destine a las auditorías estatales. Esto para asegurar su funcionamiento y evitar presiones presupuestales por parte del gobernador o congresistas.
- Definir de forma clara el número de habitantes por congresista local en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su redacción actual el principio es ambiguo, lo que ocasiona asimetrías en el número de habitantes por diputados locales en cada estado.
- Invertir en la profesionalización de los congresos locales y auditorías mediante el servicio profesional de carrera para eliminar el uso de puestos de forma clientelar y partidista en áreas administrativas, de investigación, comunicación y transparencia.
