Las políticas de protección de datos personales son susceptibles de ser homologadas regionalmente en América, en beneficio de la población, destacó la Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Josefina Román Vergara.
“Es muy importante buscar política pública no solo en el ámbito nacional, en algunos países federales como lo es México tenemos política pública a nivel local, entidades federativas, y luego buscamos armonizarla y alinearla a nivel nacional, pero me parece que eso hoy en día ya no basta, estas políticas nacionales habría que llevarlas ya a un ámbito regional. En la Unión Europea creo que la situación es diferente, porque la legislación aplica en general a los países. No ocurre lo mismo en otros continentes, específicamente en América, cada país tiene su propia legislación, inclusive todavía no todos los países cuentan con legislación específica en materia de privacidad y de protección de datos personales. Me parece que hoy los esfuerzos que estamos haciendo de política pública nacional, habría también que ampliar la mirada para extrapolarla a un ámbito, quizá iniciar regionalmente para ver las coincidencias, y también identificar por supuesto las áreas de oportunidad en estos programas de política pública”, expresó.
En ese sentido, en el foro internacional más importante en materia de privacidad, en el que también participan, la Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, y los Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Adrián Alcalá Méndez y Román Vergara indicaron que, a convocatoria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se instaló en 2020 un Comité de Política de Economía Digital, del cual México forma parte por medio del INAI, donde se impulsa el establecimiento de principios comunes para la protección de datos personales.
Asimismo, la Comisionada del INAI detalló que, en México, en el ámbito de la protección de datos personales, hay dos tipos de leyes: una que rige al sector público y otra al sector privado.
Al sector privado se le aplica el esquema de autorregulación vinculante, en el que los particulares asumen voluntariamente compromisos para elevar los estándares de protección de datos que posteriormente, se conviertan en procesos que derivan en buenas prácticas y en el aumento de la confianza de sus clientes, en especial, cuando se practica el comercio digital.
