Todos los actores gubernamentales, sociales y familiares deben coincidir en estrategias para salvaguardar el bienestar de niños y adolescentes
El internet nos ha brindado infinidad de beneficios y comodidades, entre ellos la posibilidad de obtener grandes cantidades de información en segundos y conectarnos con personas del otro lado del mundo; no obstante, esto también representa riesgos de ser víctimas de algún delito y los menores de edad son los más vulnerables.
De acuerdo con el estudio "Internet seguro para tod@s" encausado por la Asociación de Internet MX (AIMX), es indispensable que los gobiernos implementen políticas públicas que hagan del internet un espacio de garantías y castigo a los delitos.
El documento evidenció que como se ha visto en los diversos estudios y encuestas realizadas, derivado de la pandemia por COVID-19, existe un aumento del tiempo que pasa la mayoría de la gente en línea; al respecto, se señala que de manera paralela ha existido un incremento paralelo en la vigilancia, asedio, contacto sin consentimiento y la imposición de conductas de carácter sexual indeseadas en contra de menores de edad, ciberataques que se realizan a través de espacios de interacción como juegos en línea, redes sociales y salas de chat.
De igual forma, se puede estimar que el grooming y acoso sexual son un peligro cibernético que afecta particularmente a mujeres y niñas. De conformidad con el estudio, diversas investigaciones realizadas antes de la pandemia han confirmado que estas tienen el doble de probabilidades de ser acosadas sexualmente en internet y que los tipos de comentarios violentos que reciben en línea son cualitativamente diferentes de los que reciben los niños y jóvenes, basándose a menudo en su apariencia física e incluyendo amenazas de violencia sexual.
En ese sentido, la AIMX indicó que esto también es responsabilidad de las familias en tanto, un estudio realizado por Save the Children, encontró que 52% de las y los menores de edad no tenían restricciones por parte de sus padres y madres para acceder a internet, y entre quienes sí tenían, las limitaciones se basaban únicamente en el número de horas.
Por todo lo anterior, el análisis concluye que el tema de la ciberseguridad forma parte de la Seguridad Pública, las líneas de acción cabrían en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública prevista en los artículos 21, 69 y 76 fracción XI de la Constitución, o bien, como uno de los programas que la integran, ya sea con base en la Ley de la Guardia Nacional o de una nueva Ley General de Ciberseguridad.
Ello, sin perjuicio de que esta materia se incluya como uno de los componentes de las políticas de coordinación de los tres órdenes de gobierno en el Sistema Nacional de Educación, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Sistema Nacional de Protección Civil, el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, Sistema Nacional de Salud.
Igualmente se ha referido que los instrumentos de política para la ciberseguridad deben guardar congruencia con las responsabilidades del Estado para garantizar la inclusión digital universal sin injerencias arbitrarias y la incorporación de la población a la sociedad de la información y el conocimiento; así como respecto del desarrollo gubernamental de la infraestructura TIC, la prestación de los servicios de telecomunicaciones o la ciberdefensa, precisándose las fronteras de cada uno de estos asuntos
A la vez, la transversalidad que tienen todos los principios rectores del interés superior de la niñez y la necesaria perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas públicas para NNA, obliga considerar una amplia gama de corresponsables de los sectores público, social, privado, así como de las familias, para garantizar su inclusión educativa, salud, alfabetización, habilidades, cultura, civismo, apropiación, acceso, hábitos, conductas y usabilidades digitales; sin prescindir de los enfoques de género, igualdad sustantiva, no discriminación, Interculturalidad, acceso a una vida libre de violencia y derecho al adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad.
