En México hay 12 millones de personas que carecen de acceso a agua potable, señaló un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad en el contexto del Día Mundial del Agua, declarado cada 22 de marzo por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que nos recuerda, es urgente atender el problema de sequía que se vive en el país.
De acuerdo con el IMCO, en la última década las sequías se intensificaron y la sobreexplotación de los acuíferos incrementó 15%, por ello, urgió a las autoridades tomar acciones urgentes para evitar una crisis hídrica en los próximos años mediante una legislación adaptada a la nueva realidad, “donde se modernicen las concesiones, su monitoreo y vigilancia”.
El Instituto enfatizó en la importancia de contar con una nueva Ley de Aguas que considere las necesidades presupuestales y mecanismos de financiamiento para la infraestructura hídrica, ya que una concesión para la explotación de recursos hídricos carece de transparencia y “promueve malas prácticas entre los usuarios”, de ahí la urgencia de reformar la ley.
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El IMCO apuntó que también hay un monitoreo deficiente en los títulos para el aprovechamiento de agua registrados del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), esto porque 97% no tienen medidor y 93% de los medidores instalados no han sido verificados, lo que provoca, se pierda hasta un 15% del agua potable en México.
Por otro lado, también destacó que en los últimos 4 años ha habido menor vigilancia en el correcto uso del agua, y aunque desde 2012 se han presentado 14 iniciativas para una nueva Ley General de Aguas, el análisis detalló que diversos actores políticos y de la sociedad civil se han opuesto a las iniciativas argumentando que la ley busca privatizar el agua.
Al respecto, la Comisión de Recursos Hídricos propuso desde 2021 crear un Fondo Nacional de Infraestructura Hídrica que cumpla los compromisos de inversión hídrica hacia 2030 de 600 mil millones de pesos para atender las anomalías de los recursos hídricos en el país; no obstante, “el Congreso de la Unión ha incurrido en una omisión legislativa al no emitir la Ley General de Aguas”.
Finalmente, el IMCO indicó que desde la gestión pública tiene que evaluar y actualizar la delimitación de cuencas a nivel nacional mediante criterios geofísicos en lugar de geopolíticos con la ayuda de tecnología de monitoreo en tiempo real para identificar fugas de agua en los sistemas de tuberías, así como un marco legal y regulatorio más moderno.
