Para que el país aproveche plenamente la relocalización, se deben llevar a cabo políticas públicas que generen las condiciones generales propicias para el florecimiento orgánico de la inversión
La narrativa del gobierno acerca de la economía continúa siendo confusa. Por un lado, se afirma que “va muy bien” basándose en la estabilidad del tipo de cambio, la supuesta ausencia de endeudamiento público y en datos parciales de recuperación de los registros en el IMSS como indicador del empleo. Mientras que, por otro, se ignora la falta de crecimiento, el rezago de la inversión y la resistencia a la baja de la inflación subyacente, entre otros problemas, señaló el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
Además destacó que dada la situación actual de la economía y los riesgos que se prevén para los años por venir, la relocalización presenta la mejor oportunidad, si no es que la única, para alcanzar un crecimiento sostenible significativo que permita lograr un mayor bienestar para la población.
No obstante, para que el país aproveche plenamente la oportunidad de la relocalización, se deben llevar a cabo políticas públicas que generen las condiciones generales propicias para el florecimiento orgánico de la inversión.
Además, y muy importante, hay que aprovechar la oportunidad para que ésta incluya un valor agregado nacional más elevado que en el pasado y que más proveedores nacionales se integren a las cadenas de suministro de la exportación. Asimismo, se han sugerido formas en las que el sector privado puede colaborar en el aprovechamiento de las oportunidades que se avizoran.
Pero el mensaje negativo hacia la inversión se repite en las iniciativas enviadas recientemente por el ejecutivo al Congreso para la modificación de la Ley Minera y de la de diversos cambios a disposiciones en materia administrativa.
La iniciativa de cambios a la Ley Minera genera incertidumbre a las concesiones, que se restringen a terrenos explorados solo por el gobierno, y mientras no sean asignados a paraestatales, directamente; su duración se reduce de 50 años actuales a 15, con la posibilidad de solo una prórroga. Además, se establecen obligaciones y causales de cancelación, de manera desproporcionada y en ocasiones duplicada con las contenidas en otras leyes.
Por su parte, la iniciativa relativa a disposiciones en materia administrativa, reforma 23 leyes con lo que se amplía la discrecionalidad de la autoridad en detrimento de la seguridad jurídica de los particulares y de la certeza para la inversión, al generar incertidumbre total en los contratos con el gobierno, cuando muchas inversiones dependen crucialmente de ellos.
“Los resultados de este gobierno evidencian un grave deterioro de la economía real y hay signos importantes de insostenibilidad fiscal hacia el futuro, con un alto déficit fiscal, gastos rígidos a la baja y reservas precautorias agotadas”, subrayó.
