La fragilidad de algunas instituciones propias legítimas ha resultado en que la corrupción, la ilegalidad y la impunidad se conviertan de hecho en instituciones prevalentes con consecuencias graves: un fuerte daño al estado de derecho y un factor que inhibe los negocios, la inversión y el crecimiento económico y que limita la competitividad, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
Lo anterior, señaló, tiene un costo que aunque no es fácil de calcular de acuerdo con el Banco Mundial la corrupción puede reducir la tasa de crecimiento de un país entre 0.5 y 1 puntos porcentuales por año. Según las investigaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la inversión en los países corruptos es casi un 5% menor que en los países relativamente exentos de corrupción.
A su vez, el Inegi informó que en 2021 el costo total consecuencia de corrupción en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue de 9,500 millones de pesos.
Por su parte, el IMCO indicó que “el costo total estimado a consecuencia de la inseguridad y el delito a las empresas ascendió a 120,000 millones de pesos”.
Destacó que consolidación de las instituciones ilegítimas ha traído consigo una imagen desfavorable a nivel mundial para nuestro país, reduciendo el atractivo para la inversión. Sobra decir que esto es muy grave en el momento de mayor oportunidad que tiene México ante las tendencias a la relocalización.
De acuerdo con Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 126 en el índice de percepción de la corrupción 2022 dentro de un universo de 180 países. Similarmente, el World Justice Project muestra que ocupa el lugar 115 en el Índice de Estado de Derecho en un universo de 140 países. Y la consultora internacional Kearney señala que desde 2020 México se encuentra fuera de los 25 países más atractivos para la inversión extranjera directa.
toda vez que son menos y los que menos tienen quienes cuentan con posibilidades reales de acceder y competir con éxito en las actividades económicas rentables", puntualizó.
No obstante, denunció que el gobierno ha menospreciado su importancia e incluso las considera como adversarias, particularmente a las que cuentan con la autonomía como contrapeso a sus políticas. Todo indica que su fin es exclusivamente político.
Por lo que es necesario fortalecer diversas instituciones y sus autonomías. Entre otras, a las de competencia (COFECE), de telecomunicaciones (IFT), de las reguladoras de energía (CRE, CNH), de transparencia (INAI), de regulación (COFEMER), de estándares (COFEPRIS, SENASICA), de elecciones (INE), de respeto a la constitución (SCJN) y diversas de salud, educación y seguridad pública.
"De esa manera México puede reposicionarse como un país atractivo para la inversión con leyes claras y estables, con apego al estado de derecho y regulación eficiente y transparente; muy importante, lo suficiente para aprovechar plenamente las oportunidades que el mundo le presenta al país en la actualidad por la vía de la relocalización de inversiones, producción y exportación", concluyó.
