El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) denunció que la medida tomada por la Secretaría de Economía de prohibir el otorgamiento de nuevas concesiones de agua para uso industrial en 16 entidades, ubicadas en las regiones Norte y Bajío bajo el argumento de la baja disponibilidad del recurso pone en riesgo el desarrollo de estos estados.
Advirtió que esta decisión responde al objetivo de la actual administración de detonar mayores niveles de inversión en el sur-sureste -específicamente en los estados del Corredor, Oaxaca y Veracruz- con el argumento de que esta región cuenta con suficiente disponibilidad de agua para atraer industrias."A pesar de que durante la última década el país ha visto un incremento de las sequías en más del 70% del territorio y que tanto el Norte como el Centro (incluido el Bajío) del país padecen de estrés hídrico, el otorgamiento de concesiones debe estar sujeto a la disponibilidad específica de cada cuenca y el volumen requerido para cada inversión, a criterios técnicos, no políticos", sentenció.
Detalló que el sector industrial es responsable del consumo de únicamente el 5% del agua concesionada a nivel nacional, mientras que el sector agropecuario consume 76% del líquido, el abastecimiento público 15% y la generación eléctrica 4%.
Por lo que cancelar la posibilidad de nuevas concesiones industriales en el Norte y Bajío tendría un impacto mínimo en la disponibilidad de agua en esas entidades.
A su vez, agregó que un buen porcentaje de las manufactureras operan principalmente con aguas tratadas,donde no hay rivalidad con otros usos, como el consumo humano.
Al tiempo que la prohibición de nuevas concesiones en el Norte y Bajío difícilmente atraería industrias a localizarse en la zona del Corredor. El agua solo es uno de múltiples factores al momento de definir una decisión de inversión."Es necesario considerar la conectividad logística para acceder a los mercados, la suficiencia de energía (específicamente gas natural y electricidad), la disponibilidad del talento, la cercanía con proveedores y un entorno de certidumbre jurídica y de seguridad física para los trabajadores", sentenció.
Por lo anterior, afirmó que en lugar de prohibir las nuevas concesiones en la mitad de las entidades del país, la respuesta al estrés hídrico debe ser contar información actualizada sobre la disponibilidad de cada cuenca, promover la reducción de la huella hídrica de las distintas industrias (incluyendo el uso de agua tratada, captación de aguas pluviales, entre otras medidas) y un mejor monitoreo y vigilancia del uso racional del agua para evitar la sobreexplotación.
