Cuando no existe vigilancia y fiscalización, los Congresos estatales descuidan sus obligaciones y son cómplices de las inadecuadas prácticas de gobierno
Entender la manera en la que la se asigna el presupuesto al Poder legislativo, permite observar la equidad con la que se manejan los Congresos y los órganos fiscalizadores que son quiénes vigilan que las decisiones de los primeros sean en total apego a la legalidad, en ese sentido, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) encontró importantes asimetrías en esta dinámica en los gobiernos locales.
De inició en su análisis encontró que existe poca claridad en la determinación del número de legisladores por estado y la complejidad para evaluar el trabajo legislativo dificultan calcular el presupuesto idóneo para los Congresos.
De ello deriva que la Ciudad de México, el Estado de México y Michoacán cuentan con los mayores presupuestos, mientras que Colima, Yucatán y Campeche tienen los más bajos. Esta situación refleja la asimetría en la asignación presupuestal a pesar de cumplir con funciones legislativas similares.
Asimismo, Baja California es el estado con mayor presupuesto por número de diputados (31.3 millones de pesos), seguido por la Ciudad de México (25 millones de pesos). En el lado opuesto están Colima y Campeche, con 4.8 y 5.8 millones de pesos, respectivamente. La disparidad en los costos del trabajo legislativo entre estados genera interrogantes sobre su justificación. En ese sentido, destacó que la mayor parte del presupuesto de los Poderes Legislativos estatales se destina a los Congresos, 74% del total equivalente a 15,715 mdp. El 26% restante, que representa un monto de 5,482 mdp, es el presupuesto total para los órganos de fiscalización. En ese sentido, subrayó que cuando no existe vigilancia y fiscalización, los Congresos estatales descuidan sus obligaciones y son cómplices de las inadecuadas prácticas de gobierno. Respecto al año anterior, el presupuesto de las auditorías aumentó, en términos reales, 4.1%.
En diez estados se destina menos del 20% del presupuesto del Poder Legislativo a sus auditorías estatales. Destacan Morelos que destina 8.8% y Durango 6.6%. En términos relativos, hay diferencias en los presupuestos asignados a las auditorías cuando se comparan en proporción a la población de cada estado.
