Combatir la inseguridad no es cosa fácil, pero es una necesidad impostergable para el progreso social y económico, especialmente en lo que se refiere a la actividad de las PyMES y es que, de acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) uno de los principales factores que actualmente obstaculizan el crecimiento económico es la inseguridad.
“El abatimiento de la inseguridad es uno de los mayores desafíos para el país en el futuro y quizá el más difícil. En años recientes, y posiblemente más en los últimos meses, los problemas de seguridad pública se han consolidado, en opinión de los especialistas en economía del sector privado, como el principal factor que puede obstaculizar el crecimiento económico”, señaló en un comunicado.
Detalló que los elevados e inéditos niveles de violencia, el fortalecimiento del crimen organizado, la extorsión y la constante impunidad que prevalece en el sistema de justicia son problemas que atentan contra la paz, la estabilidad y el bienestar de la sociedad.
En ese sentido, señalo que aunque las autoridades han insistido en los avances en materia de seguridad y las cifras muestran ciertos resultados favorables, es sólo en el margen. Aún se está lejos de un verdadero control de la situación.
Recientemente el INEGI publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana para el segundo trimestre del año. El 62.3% de la población mayor de 18 años consideró inseguro vivir en su ciudad, porcentaje menor al del mismo lapso del año pasado (67.4%). Pero, dados los elevados niveles, cabe preguntarse si el avance puede considerarse un éxito. En opinión de este Centro no lo es.
En ese sentido, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que en los primeros cuatro años y medio del este sexenio se cometieron 125,664 homicidios dolosos, 53.5% más que en el mismo lapso del sexenio previo. El total de delitos acumuló 9.2 millones, 23% más que el sexenio pasado.
“Las tendencias del crimen en México son globalmente notorias. De acuerdo con el reporte del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia, en el ranking 2022 de las 50 ciudades más violentas del mundo, las primeras siete de ellas se ubican en México”, subrayó.
Al respecto comentó que la inseguridad tiene elevados costos, tanto para las empresas como para los hogares. Implica mayores gastos para seguridad en ambos casos y en el extremo ha obligado a cambios de residencia de las familias.
“Se dice que a muchas empresas interesadas en invertir en México no las ahuyenta la inseguridad pública ya que están preparadas para ello, debido a sus operaciones internacionales en lugares donde el problema es similar. Pero no es el caso de las empresas mexicanas especialmente las MiPyMES; de hecho, hay indicadores que así lo muestran”, puntualizó
Explicó que las personas desplazadas por motivos de violencia en México aumentaron considerablemente en 2021 ante un repunte pronunciado de eventos de violencia, probablemente por el dominio del narcotráfico en diversas ciudades.
En ese año se registraron 42 eventos de violencia -casi el doble que un año antes- que propiciaron que 28,943 mil personas -tres veces más que el año previo- abandonaran su lugar de residencia. En el último año del sexenio pasado se reportaron 25 eventos que propiciaron el desplazamiento de 11,494 personas.
Mientras tanto, los recursos del erario asignados a la seguridad no han estado a la altura de las necesidades. El gasto público en la materia ha caído significativamente en lo que va del sexenio. Por el lado administrativo, el gasto ejercido para Seguridad Pública y Protección Ciudadana se contrajo 28.6% en términos reales entre 2019 y 2022. Por el lado funcional , los recursos erogados en Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior disminuyeron 31.6% real de 2018 a 2022.
Si duda todo esto se relaciona con la debilidad del Estado de Derecho que se vive en el país. Un Estado de Derecho robusto garantiza reglas claras y justas y procesos judiciales predecibles que propician un entorno de seguridad.
Es urgente una estrategia nacional efectiva e integral que sea explícita para la ciudadanía, con una mejora del sistema de seguridad pública, procuración e impartición de justicia y la consolidación de la autonomía, independencia y eficiencia de la Fiscalía General, y de las fiscalías de los estados, que garantice la justicia expedita cotidiana.
También son necesarios mecanismos seguros y accesibles para promover la participación ciudadana y fortalecer la denuncia a fin de reducir la llamada cifra negra.
El gobierno debe poner en marcha estrategias claras para garantizar la seguridad en zonas específicas, como aquellas de mayor tránsito de mercancías, paso de migrantes y otros puntos logísticos clave.
Un aspecto por demás relevante es la necesidad de ordenar y mejorar los cuerpos policiacos, aclarando las especialidades de las policías de proximidad, de órdenes municipales, estatales y nacionales, y las labores de vigilancia e investigación de cada uno de ellos. Hay que mejorar la profesionalización de las policías en todos sus niveles; mejorar los sistemas de inteligencia del país; y reformular la política de readaptación social.
La garantía de la seguridad pública es indiscutiblemente la principal obligación del Estado en todos los regímenes democráticos y México está lamentablemente fallando. Es por la dignidad y tranquilidad de la población y también es fundamental para impulsar la inversión y el crecimiento económico que permitan el progreso social.
