De acuerdo con el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC), al menos 184 instituciones federales aumentaron su riesgo de corrupción en compras públicas para este 2023, según dicho estudio, obtuvieron una calificación de 70 de 100 puntos, donde 100 es el mayor riesgo de corrupción.
Si bien, las compras públicas son necesarias para el funcionamiento de las instituciones del gobierno y la provisión de bienes y servicios, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reconoció que estas prácticas también pueden dar pie a la corrupción como el desvío de recursos, soborno y colusión.
Y para identificar prácticas de riesgo, el IMCO realizó el IRC, el cual encontró que solo en 2022, las instituciones públicas federales adjudicaron dos millones 500 mil pesos a empresas fantasma, 107 millones 868 mil a compañías sancionadas y 3 mil 474 millones a organizaciones recién creadas, lo cual “obstaculiza la competencia, la transparencia y el cumplimiento de la ley”.
El Instituto añadió que este problema está relacionado a la falta de competencia, tan solo en 2022, 38% del monto gastado se adjudicó directamente y 25% de los concursos realizados tuvieron solo 3 participantes o incluso menos, eso sin mencionar que no hay transparencia pues 16% de las adjudicaciones directas no contaron con el documento del contrato a disposición del público y 30% estuvieron incompletas.
Además, un 4% de las compras públicas no contó con una liga funcional a Compranet; el año previo solo 45% de las compras públicas fueron publicadas hasta después de la fecha de inicio del contrato, y al menos 9% se cargaron en la plataforma entre 1 y 2 meses después de iniciar.
Pero eso no es todo, el IMCO encontró que las instituciones federales “gastaron más de 107 millones de pesos en contratos con proveedores sancionados”, y el 32% de ese monto fue mediante adjudicaciones directas y 64% se destinó a servicios de vigilancia.
Instituciones públicas con mayor riesgo de corrupción
El Instituto expuso que la entidad que presentó mayor riesgo de corrupción fue Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex), ya que el 99% de sus compras públicas se realizaron por adjudicaciones directas e invitaciones restringidas, mientras tanto, la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz fue la que más aumentó su puntaje de riesgo.
Mientras que en el sector salud, 74% del monto gastado en medicamentos fue adjudicado directamente; mientras que Diconsa y Liconsa, la primera gastó 19 mil 734 millones en compras públicas y 90% las adjudicó directamente, y la segunda obtuvo un puntaje de 85 en el subíndice de competencia pues licitó solo 18% del monto gastado en compras públicas.
En contraste, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue la institución con menor puntaje de riesgo, ya que sí publicó en tiempo y forma sus procesos de contratación en Compranet, con eso en cuenta, el IMCO destacó que las compras públicas tienen que ser íntegras y garantizar un alto nivel de competencia, transparencia y cumplimiento de la ley.
Por lo anterior, el Instituto propuso fortalecer los procesos de compra de medicamentos e insumos farmacéuticos en el sector salud, reformar el Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) de la Secretaría de la Función Pública, para que contenga información útil y oportuna a las instituciones contratantes y modificar con una reforma que las instituciones hagan adjudicaciones directas solo cuando se trate de bienes y servicios destinados a la comercialización directa.
