Vales, tarjetas de crédito y tarjetas prepagadas como actividad vulnerable

La emisión y comercialización de tarjetas de crédito, de servicios y prepagadas, así como los instrumentos de almacenamiento de valor monetario (por ejemplo, vales), son prácticas comunes en el sector financiero y comercial. Estas herramientas desempeñan un papel fundamental al brindar a los consumidores una manera cómoda de llevar a cabo compras y transacciones sin la necesidad de efectivo, además que tienen la ventaja de fomentar la lealtad de los clientes al ofrecer recompensas por sus gastos. Sin embargo, como en cualquier actividad, existe la posibilidad de que estas tarjetas se utilicen para fines ilícitos como el  lavado de dinero.

Y es que las tarjetas de crédito y de servicios, debido a su capacidad para mover fondos a través de múltiples transacciones y fronteras, pueden ser utilizadas como herramientas para tales propósitos. Algunas de las formas en que la emisión y comercialización de estas tarjetas y vales pueden estar vinculadas con el lavado de activos son las siguientes:

• creación de cuentas ficticias: es posible abrir cuentas y obtener tarjetas de crédito mediante el uso de información falsa o robada. Estas cuentas ficticias se utilizan para llevar a cabo transacciones que ocultan el origen ilícito de los fondos
• transferencias internacionales: las tarjetas de crédito permiten realizar transacciones internacionales con relativa facilidad. Esto puede ser explotado para mover ingresos a través de fronteras y mezclarlos con activos legítimos en diferentes países
• transacciones complejas: pueden realizarse una serie de transacciones financieras de pequeña escala y apariencia legítima empleando tarjetas de crédito y otros medios (compras, transferencias y retiros) para fragmentar el flujo de fondos ilícitos en un intento de confundir a las autoridades y dificultar su detección
• creación de empleados ficticios: los individuos que buscan lavar dinero pueden crear trabajadores ficticios o emplear a personas inexistentes en una empresa con el propósito de recibir vales de despensa, que posteriormente se canjean por efectivo, convirtiéndolos así en fondos aparentemente legítimos
• acumulación de puntos con transacciones ficticias: se pueden realizar transacciones ficticias o infladas con el objetivo de acumular puntos o millas en las tarjetas de puntos y recompensas. Estos puntos acumulados luego podrían canjearse por premios y utilizarse para dar apariencia de legitimidad a los fondos ilícitos, y
• canje de puntos por efectivo: los puntos acumulados pueden canjearse por premios de alto valor, que luego se revenden el mercado, transformando así los puntos en efectivo y ocultando el origen ilícito de los fondos

Para contrarrestar el lavado de dinero relacionado con la emisión y comercialización de tarjetas de crédito y servicios al igual que los vales, tanto las instituciones financieras como los particulares están sujetos a regulaciones y requisitos estrictos. 

En el contexto mexicano, además de las disposiciones aplicables a las entidades financieras, se cuenta con la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), que establece una serie de exigencias para prevenir y detectar el blanqueo de dinero. Estas exigencias incluyen la identificación y verificación de clientes, así como la presentación de reportes pertinentes. En el transcurso de este artículo se abordarán todas las obligaciones legales que deben ser cumplidas por aquellos que se dedican a la comercialización o emisión de tarjetas de crédito, servicios y vales.

Régimen y conceptos clave

Para efectos de esta LFPIORPI, se entenderá como actividad vulnerable, la siguiente operación:

Artículo 17.-  (...)

II. La emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas de servicios, de crédito, de tarjetas prepagadas y de todas aquellas que constituyan instrumentos de almacenamiento de valor monetario, que no sean emitidas o comercializadas por entidades financieras. Siempre y cuando, en función de tales actividades: el emisor o comerciante de dichos instrumentos mantenga una relación de negocios con el adquirente; dichos instrumentos permitan la transferencia de fondos, o su comercialización se haga de manera ocasional. En el caso de tarjetas de servicios o de crédito, cuando el gasto mensual acumulado en la cuenta de la tarjeta sea igual o superior al equivalente a ochocientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. En el caso de tarjetas prepagadas, cuando su comercialización se realice por una cantidad igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, por operación. Los demás instrumentos de almacenamiento de valor monetario serán regulados en el Reglamento de esta ley.

Serán objeto de aviso ante la Secretaría, en el caso de tarjetas de servicios o de crédito, cuando el gasto mensual acumulado en la cuenta de la tarjeta sea igual o superior al equivalente a un mil doscientas ochenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. En el caso de tarjetas prepagadas, cuando se comercialicen por una cantidad igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal

Del precepto anterior se puede observar que se regula la emisión y comercialización de distintos instrumentos: tarjetas de crédito, tarjetas de servicio, tarjetas prepagadas e instrumentos de almacenamiento de valor monetario; no obstante, para que dicha emisión o comercialización sea considerada como vulnerable, deberán cumplirse los siguientes elementos.

Tarjetas de crédito o servicios

• La emisión o comercialización debe ser habitual o profesional

• no tienen que ser emitidas o comercializadas por entidades financieras

• en función de estas actividades, el emisor o comerciante debe mantener una relación de negocios con el adquirente, o bien, su comercialización puede hacerse de manera ocasional

• el gasto mensual acumulado en la cuenta de la tarjeta debe ser igual o superior a 805 veces
  la UMA ($ 83,510.7 para 2023)

Tarjetas de prepagadas

• La emisión o comercialización debe ser habitual o profesional

• no tienen que ser emitidas o comercializadas por entidades financieras

• en función de estas actividades, el emisor o comerciante debe mantener una relación de negocios con el adquirente, o bien, su comercialización puede hacerse de manera ocasional

• su comercialización se tiene que realizar por una cantidad igual o superior al equivalente a 645 veces la UMA ($ 66,912.30 para 2023)

Instrumentos de almacenamiento de valor monetario 

Según el artículo 22 del Reglamento de la LFPIORPI (RLFPIORPI), son catalogados de esta naturaleza:

• los vales o cupones, impresos o electrónicos, siempre que:

  • puedan ser utilizados o canjeados para la adquisición de bienes o servicios 

  • su emisión o comercialización sea por una cantidad igual o superior a las 645 veces la UMA ($ 66,912.30 para 2023)

• los monederos electrónicos, certificados o cupones, siempre que:

  • sin que exista un depósito previo del titular de estos instrumentos, le sean abonados recursos a los mismos provenientes de premios, devoluciones o derivado de programas de recompensas comerciales 

  • su comercialización o emisión sea por una cantidad igual o superior a 645 veces la UMA ($ 66,912.30 para 2023)

• puedan ser utilizados para:

  • la adquisición de bienes o servicios en establecimientos distintos al emisor de dichos instrumentos, y 
  • la disposición de dinero en efectivo a través de cajeros automáticos o terminales de puntos de venta 

Comercialización

Conforme al numeral 23 del RLFPIORPI, que la comercialización de tarjetas e instrumentos de almacenamiento no solo hace referencia a la venta de estos, sino también abono de recursos a los referidos instrumentos posteriormente a su emisión.

Habitual y profesional

Para ser una actividad vulnerable, esta debe realizarse de manera “habitual o profesional”. La LFPIORPI ni su normativa secundaria definen el término “habitual” o “profesional”; sin embargo, el SAT buscando dar respuesta a las consultas de los ciudadanos ha señalado que para efectos

Obligaciones

Alta en el portal 

Quien emita o comercialice tarjetas de servicio, crédito, prepagadas o instrumentos de almacenamiento debe darse de alta en el Sistema de Portal en Internet (SPPLD). Para tal efecto, en términos del dispositivo 12 del RLFPIORPI, la persona física o moral de que trate tiene que estar inscrito en el RFC y contar con firma electrónica.

Identificación de clientes y usuarios 

Aquellos que realicen actividades vulnerables deberán comprobar la verdadera identidad de sus clientes a partir de distintos datos y documentos, según el perfil, las características y el tipo de persona de que se trate. Para ello, se elaborará un documento que contenga la política de identificación, dentro de los siguientes 90 días naturales al alta y registro, y se integrará, antes de la celebración del arrendamiento, un expediente único de identificación que contengan los requisitos previstos en los anexos de las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI (RCG), mismos que se catalogan de la siguiente manera:

• anexo 3: personas físicas de nacionalidad mexicana o extranjeros con condición de residente temporal o permanente

• anexo 4: persona moral de nacionalidad mexicana

• anexo 4 Bis: persona moral mexicana de derecho público

• anexo 5: persona física extranjera visitante

• anexo 6: persona moral extranjera

• anexo 6 Bis: embajada, consulado u organismo internacional acreditado ante el Estado mexicano

• anexo 7: sociedades controladoras de grupos financieros, instituciones de crédito, casas de cambio, casas de bolsa, administradores de fondos para el retiro, instituciones de seguros, instituciones de fianzas, almacenes generales de depósito, instituciones de seguros, sociedades mutualistas de seguros, arrendadoras financieras, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, financieras populares, sociedades financieras rurales, sociedades financieras de objeto limitado, sociedades financieras de objeto múltiple, uniones de crédito, empresas de factoraje financiero, sociedades de valores, entidades financieras del exterior, bolsa de valores, instituciones para el depósito de valores y contrapartes centrales

• anexo 7 Bis: Segob, SRE, Sedena, Semar, SHCP, SCT, SFP, INM y SAT, y

• anexo 8: fideicomiso

Identificación del dueño beneficiario

Conforme al numeral 18, fracción III de la LFPIORPI, los sujetos obligados deberán solicitar a sus clientes información sobre la existencia de un beneficiario controlador de la operación. Este beneficiario se define, en términos del precepto 3, fracción III de las RCG, como la persona que por medio de otra o cualquier acto obtiene el beneficio derivado de estos y es quien, en última instancia, ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio; y tratándose de personas morales, como a aquel sujeto que ejerce el control porque puede:

• imponer decisiones en las asambleas o nombrar o destituir a la mayoría de los administradores
• mantener la titularidad de los derechos que permitan ejercer el voto de más del 50 % del capital, o
• dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la misma

Presentación de avisos 

Según lo indica el artículo 17, fracción II, segundo párrafo de la LFPIORPI, la emisión o comercialización de tarjetas de crédito o servicios serán objeto de aviso cuando el gasto mensual acumulado en la cuenta de la tarjeta sea igual o superior a 1,285 veces la UMA ($ 133,305.90 para 2023); y en el caso de tarjetas prepagadas e instrumentos de almacenamiento de valor monetario, cuando se comercialicen por una cantidad igual o superior a 645 veces la UMA ($ 66,912.30). En seguida se muestra el valor histórico del umbral:

Tarjetas de crédito y de servicios

Instrumentos de almacenamiento de valor monetario y tarjetas prepagadas

Fecha de presentación

El aviso se debe reportar a más tardar el día 17 del mes siguiente en que se realice la operación. 

Informe en ceros

El artículo 25 Bis de las RCG, establece que si durante el mes no se ejecutan arrendamientos susceptibles de aviso (porque no superarán 1,285 veces la UMA en el caso de tarjetas de crédito o servicio, o las 645 veces la UMA tratándose de tarjetas prepagadas o instrumentos de almacenamiento), los sujetos obligados deberán presentar un aviso conocido como informe en ceros. 

El formato para este tipo de informe es más corto y simple que el de los avisos normales, porque solo se llenarán los campos relativos a la identificación de quien lo esté emitiendo y el periodo (mes y año) correspondiente en el cual no se ejecutaron actos objeto de aviso.

Captura del aviso

1. Iniciar sesión en el portal SPPL, ubicar en la pantalla Avisos e informes y seleccionar en el menú la opción Captura de avisos. En seguida dar clic en Agregar nuevo informe