En la víspera de la conmemoración del aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Méxicanos (CPEUM) el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la presentación de un paquete de reformas a presentar ante el Congreso antes de que termine su mandato, al respecto, distintos actores se pronunciaron en contra y otros más a favor.
De inicio, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) destacó que estos cambios a la Carta Magna no solo son ambiciosos en su alcance, sino que, de llevarse a cabo, demandarían transformaciones institucionales profundas.
Asimismo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideró que no es momento para discutir las profundas reformas constitucionales, dado el proceso electoral que está viviendo el país.
“La importancia de estas reformas amerita un análisis imparcial, profundo y detenido, con el involucramiento de todos los sectores de la sociedad, que no es posible realizar en este momento”, indicó.
¿Qué tanto debemos transformar el sistema pensionario?
El IMCO subrayó la complejidad de una reforma fiscal que permitiera financiar -especialmente- la modificación al sistema de pensiones.
No obstante, justo en lo que respecta al retiro, la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) dio la bienvenida al proyecto de reforma, pues aseveró que profundiza los cambios implementados en 2020 y pretende construir para otorgar mejores beneficios a más trabajadores.
“Esta propuesta, tiene congruencia con lo que sucede en otros países, para quienes perciben salarios por encima del promedio, la tasa de reemplazo estatutaria no alcanzará el 100%. Para estos casos existen mecanismos como el ahorro voluntario individual que ayudaría a que fueran alcanzables”, destacó.
Contrario a su perspectiva, el Imco consideró que para garantizar su sostenibilidad, una reforma en la materia demanda la implementación de políticas públicas fiscalmente responsables, progresivas y con una perspectiva de género que incrementen el número de personas adultas mayores que acceden a una pensión, así como sus montos.
Explicó que la modificación del artículo 123 con la que se obligaría al Estado mexicano a garantizar que la pensión que reciban los trabajadores sea igual a su último salario base de cotización, hasta por un monto equivalente al salario promedio de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social –IMSS– (16,777.68 pesos); con lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público constituirá un Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual se integrará con aportaciones del Gobierno Federal provenientes de distintas fuentes.
Por su parte, cambiar el artículo 4 para reducir de 68 a 65 años la edad a partir de la cual la población tiene derecho a exigir al Estado mexicano una pensión no contributiva, es decir, financiada con cargo al erario; contraviene el objetivo principal del sistema de ahorro para el retiro vigente actualmente, que fue garantizar la sostenibilidad fiscal del país.
“En caso de ser aprobada, una reforma de esta naturaleza responsabilizará al Estado mexicano de un pasivo que se incrementará a medida que aumente la población de 65 años y más en el país, la cual se prevé que se duplique en los siguientes 26 años, de 11.4 millones en 2024 a 24.9 millones en 2050”, subrayó el IMCO.
Modificación de salarios y garantizar el empleo, ¿acabará con las finanzas públicas?
El IMCO señaló que el aumento al salario mínimo puede ser una herramienta para sostener las condiciones de trabajo de la población del país al mantener el poder adquisitivo de los ingresos laborales. No obstante, se enfrenta a limitaciones:
los beneficiarios directos representan apenas 1.5 de cada 10 trabajadores en el país, mientras que el impacto sobre el resto de la población ocupada es indirecto o puede ser incluso nulo
Si se establece en el artículo 123, (Apartado A, fracción VI) para la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales nunca deberá estar por debajo de la tasa de inflación anual observada en el año; requerirá de una implementación balanceada, en la que los incrementos al SM tomen en cuenta -además de la inflación- factores como el crecimiento económico, la productividad, la evolución del salario medio y los costos de operación de los empleadores. De lo contrario, pueden representar un incentivo para la informalidad o un obstáculo para el crecimiento y la generación de empleos, al ejercer presión sobre los costos enfrentados por los productores
Por otro lado, el presidente busca elevar a rango constitucional el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, lo que, en palabras del Instituto, pondría una presión adicional en las finanzas públicas del país sin tener información sobre cuántos jóvenes que recibieron la capacitación han logrado incorporarse al mercado laboral formal.
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¿Desaparecerá el Inai y otros poderes autónomos?
De acuerdo con el análisis del Imco, la propuesta presentada implica la modificación de trece artículos constitucionales (3, 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116 y 123) para eliminar tres órganos constitucionales autónomos (Inai, Cofece, IFT), dos órganos reguladores coordinados (CRE, CNH) y dos organismos descentralizados que cuentan con autonomía (Mejoredu y Coneval).
Al respecto, advirtió que la transferencia de funciones de los organismos autónomos reguladores en materia de competencia y telecomunicaciones constituye una violación a las obligaciones pactadas en el marco del T-MEC. Particularmente, de eliminarse Cofece y trasladar sus funciones a la Secretaría de Economía, se incumpliría el artículo 21.1.4, que establece que cada parte debe garantizar la existencia de una autoridad de competencia responsable de la aplicación de leyes en la materia.
Por otra parte, la eliminación del Inai implicaría un retroceso de los avances en materia de transparencia, dada la desintegración de la Plataforma Nacional de Transparencia y de los estándares homologados de publicación.
En ese sentido, el Pleno del Inai conformado por el Comisionado Presidente, Adrián Alcalá Méndez, y las Comisionadas Norma Julieta del Río Venegas, Blanca Lilia Ibarra Cadena y Josefina Román Vergara, analizará detalladamente la iniciativa de reforma que atañe a este organismo garante, presentada por el Presidente de la República, en el marco del aniversario de la promulgación de la Constitución, así como las acciones que determine emprender, conforme a sus atribuciones constitucionales.
Mientras tanto, manifestó u apertura al diálogo y su interés de participar activamente en ejercicios de parlamento abierto, conversatorios, foros y otros espacios donde sea posible debatir y dejar clara la importancia de contar con un organismo constitucional autónomo, independiente de los poderes públicos, que garantice la vigencia, ejercicio y tutela efectiva de los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales.
Por lo tanto, destacó, ni la Auditoría Superior de la Federación, que depende del Poder Legislativo y está destinada a auditar a todos aquellos que ejercen gasto público, ni la Secretaría de la Función Pública que, por depender del Poder Ejecutivo, la convertiría en juez y parte cuando al Gobierno se le exigiese alguna información, podrían asumir las funciones que actualmente tienen el organismo garante, pues la protección efectiva de los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales requiere de una institución autónoma, especializada e imparcial, que ejerza sus competencias constitucionales con perspectiva garantista, como lo hace el Inai.
En esa misma dirección, el ejecutivo tiene el próposito de trasladar las facultades relacionadas por los derechos de la ciudadanía del Instituto Nacional Electoral (INE) al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) así como determinar que los cargos de las y los comisionados del nuevo organismo electoral sean electos por elección directa a nivel nacional. También se propone cambiar las reglas de financiamiento a partidos bajo el argumento de su baja credibilidad ciudadana.
“La propuesta de cambio en las reglas de juego podría implicar en la práctica una mayor concentración del poder en un solo grupo y, por ende, un retroceso en la democracia del país”, advirtió el IMCO.
¿El presidente va en contra del Poder Judicial?
El IMCO aseguró que los cambios al artículo 94 y al 96 pondrían en riesgo la independencia del Poder Judicial dado que la elección popular implicaría la politización de procesos que deben regirse por criterios técnicos y objetivos. Una posible intervención directa de los partidos políticos en los perfiles de quienes tienen a su cargo la impartición de justicia tendría graves consecuencias, las cuales se acentúan en un contexto de alta impunidad como el que atraviesa México actualmente.
A su vez, el CCE apuntó que las propuestas relacionadas con la integración y facultades del Poder Judicial, la organización electoral, la integración del Poder Legislativo y la desaparición de los órganos reguladores con autonomía constitucional, representan modificaciones profundas que trastocan el régimen político que hemos construido con contrapesos y equilibrios democráticos, y que deben, en su caso, ser producto de un amplio consenso en torno a principios que unan y no dividan a los mexicanos.
