El pasado 31 de enero de 2024 la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló que “la Reforma del 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica, en cuanto introduce nuevas reglas en el orden del despacho de energía, en la forma de asignación de los contratos de cobertura eléctrica y en el sistema de adquisición de certificados de energías limpias, vulnera los principios de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable”.
De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) esto confirmó el trato diferenciado que se le otorgaba a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Además, señaló que un efecto favorable de esta decisión es que prácticamente deja sin materia y objeto la controversia que Estados Unidos y Canadá formularon en el marco del TMEC por considerar que la ley reflejaba un trato discriminatorio en el marco del tratado al favorecer el despacho eléctrico de la estatal CFE, tal como lo expresó y reconoció la Secretaría de Economía.
“Hay que insistir en que el sector privado es el principal aliado del gobierno en materia de crecimiento económico. Como en la mayoría de los países, la principal fuente de riqueza, crecimiento y generación de empleos se concentra en la actividad del sector privado”, recalcó el CEESP.
Asimismo, reiteró que la generación, transmisión y despacho de electricidad es fundamental, primero, para la actividad económica, dado que incide prácticamente en todos los sectores y procesos productivos y, segundo, para la calidad de vida de los hogares. Es un insumo esencial que determina la productividad y competitividad de una economía, así como el bienestar de las familias.
Evidentemente esto se logra cuando toda la cadena, desde la generación hasta el uso final, están bien coordinadas y cuentan con los incentivos para la productividad y la innovación.
“El funcionamiento del sector eléctrico es una condición necesaria, imprescindible para el desarrollo del país”, puntualizó.
Pormenores de la reforma y la contrarreforma del sector eléctrico
El Centro explicó que después de poco más de cinco décadas en que el sector eléctrico operó como un monopolio del estado, tras su nacionalización en 1960, la necesidad de hacerlo más robusto y eficiente, abrió la posibilidad de la participación privada para que el sector eléctrico tuviese acceso a recursos sin los límites que le imponían las finanzas públicas y pudiera invertir e incrementar la capacidad de generación, incluyendo energías limpias.
En 2013 se llevó a cabo la reforma del sector eléctrico que reiteraba el control del sector público en materia de planeación del sistema eléctrico y del servicio público de transmisión y distribución de electricidad, pero abría la participación privada a la generación eléctrica y su comercialización en diversas modalidades, de manera que había la flexibilidad idónea para una generación suficiente en el corto y largo plazos.
No hay duda de que esto era adecuado desde el punto de vista de las buenas prácticas aceptadas y adoptadas internacional y simultáneamente respetaba la existencia de la CFE, asignándole un papel central con el nuevo sistema.
Con ello prácticamente se aseguraba que a lo largo del tiempo la generación eléctrica contara con los incentivos correctos para la búsqueda de mejores tecnologías y de su contribución al mejoramiento del medio ambiente. Así se adoptó un método de despacho de la oferta eléctrica privilegiando al principio las fuentes que estaban funcionando más permanentemente a bajo costo marginal y dejando para las partes elevadas de la demanda la generación con plantas de más costo, pero con más facilidad de operar y apagar intermitentemente.
Sin embargo, con la entrada de la nueva administración en 2019, la política energética enfrentó cambios regulatorios significativos que, además de modificar las reglas del juego, atentó contra la inversión privada dada la incertidumbre en materia del respeto de los contratos que permitió la reforma energética.
Las medidas que tomó el gobierno en contra de la participación privada en el sector eléctrico reflejaban el deseo del gobierno de retomar el control de aquellos sectores que consideraba exclusivos del estado.
En febrero del 2021 se aprobó la Ley Eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de que el estado retomara el control del sector y reducir la participación privada. La ley favorecía el despacho de las plantas estatales de generación eléctrica y limitaba la venta de energía de proyectos privados, además de que vulneraba los principios de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable. Pero no solo esto, esta nueva ley generó disputas comerciales entre México y sus socios clave como Estados Unidos y España.
Los amparos contra la “contra-reforma” eléctrica finalmente se dirimieron el pasado 31 de enero cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló.
