La iniciativa, avalada con 19 votos a favor y 13 en contra, aborda la problemática sobre interpretación y aplicación de la Ley de Amparo
Las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos del Senado avalaron el proyecto de reforma a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, una de las más criticadas por actores políticos, sociedad civil y especialistas, ya que busca limitar el proceder de los jueces en relación a la aplicación o entrada en vigor de leyes cuando son impugnadas mediante juicios de amparo mientras se dicta sentencia.
La iniciativa, avalada con 19 votos a favor y 13 en contra, aborda la problemática sobre interpretación y aplicación de la Ley de Amparo y limita la capacidad de los órganos jurisdiccionales para otorgar suspensiones provisionales y definitivas con efectos generales en juicios de esta índole contra leyes expedidas por el Congreso de la Unión o de los estados.
Posturas de los legisladores sobre la reforma a la Ley de Amparo
La senadora Olga Sánchez Cordero resaltó la contradicción presente en la Ley de Amparo, señalando que, mientras en 11 fracciones del ordenamiento se establece la imposibilidad de conceder la suspensión definitiva con efectos generales, en dos fracciones se indica lo contrario.
Además, enfatizó que esta norma es restrictiva de derechos.
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Por su parte, el senador Reyes Flores Hurtado, de Morena, afirmó que "la Corte se ha extralimitado al conceder el efecto general de la suspensión en el caso de las leyes generales”.
Argumentó que el amparo jamás debe tener mayores consecuencias que lo que obtendría el quejoso con la resolución de fondo.
¿Qué dijo la oposición?
El senador Damián Zepeda Vidalesv (PAN) sostuvo que la ciudadanía cuenta con el juicio de amparo como medio de defensa ante los abusos de la autoridad y, en casos extremos, este tiene efectos generales para proteger a todos.
Por ello, subrayó que estas modificaciones buscan evitar la paralización de obras y leyes del partido en el poder.
Por su parte, la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, considera que es innecesaria y busca limitar los derechos de las personas, así como restringir la facultad de los jueces para tomar criterios.
A su vez, la senadora Laura Iraís Ballesteros Mancilla, de Movimiento Ciudadano, comentó que la propuesta daña el corazón de la división de poderes y dejará sin protección a la población que no pueda costear un abogado frente a abusos de poder.
